Audios revelan presuntos vínculos entre Nilda Patricia Velasco y el Cártel de Colima
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Ernesto Zedillo y su esposa, Nilda Patricia Velasco, tras la difusión de audios en los que se sugiere una posible conexión entre Velasco y el Cártel de Colima. En dichos audios, se escucha una conversación donde supuestamente se negocian favores políticos y financieros con líderes del narcotráfico.
La reacción del gobierno federal
Sheinbaum declaró que su gobierno no protegerá a ningún personaje, sin importar su pasado político o posición, y enfatizó que la justicia debe aplicarse sin privilegios. Añadió que estos señalamientos representan una oportunidad para demostrar que en México ya no hay impunidad. También informó que recibió una carpeta de documentos relacionados con el sexenio de Zedillo, los cuales incluyen presuntas omisiones y actos de encubrimiento en casos de narcotráfico y lavado de dinero.
El contexto del Fobaproa y su relación con la solicitud
Además de los señalamientos por narcotráfico, Sheinbaum adelantó que su administración presentará un informe detallado sobre el papel de Zedillo en la conversión del rescate bancario conocido como Fobaproa en deuda pública. Este informe busca mostrar cómo se beneficiaron ciertos grupos empresariales y políticos a costa del erario público, en una decisión que sigue generando controversia décadas después.
Impacto político y reacciones de la oposición
El anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores aplauden la determinación del gobierno para investigar posibles crímenes del pasado, líderes de oposición como el PAN y el PRD calificaron la iniciativa como una estrategia de distracción ante los problemas actuales del país. Zedillo, hasta el momento, no ha emitido declaraciones, pero su equipo legal ha negado rotundamente las acusaciones.
Implicaciones para el sistema de justicia
Este caso podría marcar un nuevo precedente en la lucha contra la impunidad de exmandatarios en México. La FGR aún no ha confirmado si abrirá una carpeta formal de investigación, pero diversas organizaciones de derechos humanos han exigido transparencia y rigor en el manejo del caso. La presión social podría ser determinante para que el proceso avance.
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