Gobierno recula tras críticas
Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno ya no exhibirá nombres de periodistas en futuras presentaciones oficiales, después de la polémica generada por una lista de comunicadores, medios, analistas y opositores presentada desde la Consejería Jurídica. La mandataria abrió la puerta a ajustes en los lineamientos sobre derechos de audiencias, aunque defendió que los códigos de ética y defensorías del público son obligaciones previstas en la ley de telecomunicaciones.
La presentación oficial fue criticada por gremios periodísticos, oposición y organizaciones civiles, que la interpretaron como una posible lista negra de voces críticas. El episodio elevó el debate sobre si el gobierno busca proteger derechos de audiencias o presionar indirectamente a medios y periodistas.
Minimiza impacto de la lista
Sheinbaum rechazó que se trate de persecución o censura y sostuvo que su gobierno no busca limitar la libertad de expresión. Sin embargo, minimizó las agresiones y el hostigamiento derivados de la difusión de nombres, al considerar que las críticas contra periodistas también forman parte del debate público.
El problema es que, cuando una lista sale desde Palacio Nacional o desde una dependencia del gobierno federal, el efecto no es equivalente al de una crítica ciudadana. Para periodistas, aparecer señalados en una presentación oficial puede aumentar riesgos de acoso digital, estigmatización y ataques coordinados.
Derechos de audiencias bajo presión
La controversia ocurre en medio de la consulta pública sobre lineamientos para proteger derechos de audiencias. El gobierno insiste en que los medios deben distinguir información, opinión y publicidad, además de contar con códigos de ética y mecanismos de defensa de audiencias.
La discusión, sin embargo, se contaminó por el uso político de ejemplos y nombres. Una cosa es debatir reglas para concesionarios; otra, exhibir comunicadores concretos desde el aparato gubernamental.
Promesa insuficiente
La promesa de no volver a mostrar nombres puede reducir el daño hacia adelante, pero no borra el episodio. El gobierno todavía debe explicar quién decidió incluir la lista, con qué criterios se elaboró y qué medidas tomará para evitar que el análisis oficial se convierta en señalamiento público.
En un país peligroso para ejercer el periodismo, la responsabilidad del poder no es sólo no censurar. También es no poner blancos sobre personas que ya enfrentan amenazas, hostigamiento o campañas de desprestigio.
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