Reforma judicial y renuncias masivas
La reforma judicial aprobada en 2024 introdujo cambios significativos en el sistema judicial mexicano, incluyendo la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Ante esta nueva disposición, un número considerable de funcionarios judiciales optó por renunciar a sus cargos. Entre ellos se encuentran ocho ministros de la Suprema Corte, 380 magistrados y 200 jueces federales, quienes presentaron sus renuncias al Senado de la República.
Indemnizaciones prometidas y falta de recursos
La reforma contemplaba una indemnización para aquellos jueces y magistrados que decidieran no participar en el proceso electoral. Esta compensación incluía tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, además de las prestaciones correspondientes. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que no cuenta con los recursos económicos para realizar dichos pagos, ya que los fondos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Reacciones y demandas de la JUFED
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su inconformidad ante la falta de cumplimiento de las indemnizaciones prometidas. La directora de la JUFED, Juana Fuentes Velázquez, presentó una solicitud formal al CJF exigiendo el pago inmediato de las compensaciones, argumentando que la falta de recursos no puede ser un impedimento para cumplir con una obligación constitucional.
Transferencia de fideicomisos y destino de los fondos
En abril de 2025, Nacional Financiera (Nafin) transfirió aproximadamente 10,247 millones de pesos de los fideicomisos del CJF a la Tesofe. Esta acción se realizó sin el aval del Poder Judicial y generó controversia, ya que los recursos estaban destinados a cubrir obligaciones como las indemnizaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que estos fondos se destinarán al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de mejorar los servicios de salud para los trabajadores del Estado.
Implicaciones y preocupaciones futuras
La falta de cumplimiento en el pago de las indemnizaciones ha generado incertidumbre entre los funcionarios judiciales y podría afectar la disposición de otros jueces y magistrados a participar en futuros procesos electorales. Además, plantea cuestionamientos sobre la viabilidad de implementar reformas estructurales sin garantizar los derechos y compensaciones de los servidores públicos afectados.
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