Contexto de la reforma judicial en México

En septiembre de 2024, el Congreso mexicano aprobó una controvertida reforma judicial que permite la elección directa por voto popular de aproximadamente 1,600 jueces, incluyendo a los de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Esta medida, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, generó un intenso debate en el país. Sus defensores argumentaban que la reforma democratizaría el Poder Judicial y aumentaría la rendición de cuentas, mientras que los críticos advertían sobre posibles riesgos, como la politización de la justicia y la influencia de grupos de presión en el proceso electoral.

La reforma también contemplaba la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de 11 a 9. Tras su aprobación, se estableció que las primeras elecciones judiciales se llevarían a cabo el 1 de junio de 2025, marcando un hito en la historia del sistema judicial mexicano.

Suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial

Para implementar la reforma, se creó el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ), encargado de seleccionar a los aspirantes que aparecerían en la boleta electoral. Sin embargo, en enero de 2025, el CEPJ suspendió sus actividades, argumentando la existencia de diversas interlocutorias de suspensión emitidas por tribunales locales que impedían la continuación del proceso de selección. Esta decisión generó incertidumbre sobre la viabilidad de realizar las elecciones judiciales en la fecha prevista.

Ante la parálisis del CEPJ, el TEPJF intervino para garantizar la continuidad del proceso electoral. En una sesión privada celebrada el 27 de enero de 2025, la Sala Superior del TEPJF aprobó, por mayoría de votos, un proyecto presentado por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, en el cual se determinó que el Senado de la República asumiría las funciones del CEPJ. Esta decisión fue respaldada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, mientras que la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra.

Implicaciones de la decisión del TEPJF

Con esta resolución, la Mesa Directiva del Senado tiene un plazo de 24 horas, a partir de la notificación del fallo, para emitir el acuerdo, las medidas y los lineamientos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de insaculación pública. Este proceso incluirá a los aspirantes que previamente cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos por el CEPJ, los cuales suman más de 3,000 personas.

Además, el TEPJF previó posibles obstáculos futuros y estableció que, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no apruebe los listados de las ternas y duplas resultantes del proceso de insaculación, el Senado podrá remitir directamente las candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el procedimiento electivo.

Reacciones y perspectivas futuras

La decisión del TEPJF ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Algunos sectores consideran que la intervención del Senado en el proceso de selección podría comprometer la independencia del Poder Judicial, mientras que otros la ven como una medida necesaria para asegurar la realización de las elecciones judiciales en la fecha programada.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la resolución del TEPJF, afirmando que “en procesos electorales, la última palabra la tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral”. Por su parte, el CEPJ ha manifestado su respeto por la decisión y ha reiterado su compromiso con la legalidad y la transparencia en el proceso de selección de candidatos.

A medida que se acerca la fecha de las elecciones judiciales, será fundamental monitorear cómo se desarrollan las etapas restantes del proceso y evaluar el impacto de estas decisiones en la independencia y eficacia del sistema judicial mexicano.

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