Contraloría clasifica documentos
La Contraloría General del Estado de Veracruz negó entregar versiones públicas de la declaración patrimonial y de intereses de la gobernadora Rocío Nahle correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025. La dependencia argumentó que la información estaba clasificada como confidencial en su totalidad por contener datos personales, familiares y patrimoniales.
La respuesta fue emitida mediante el oficio CGE/UT/522/2026, fechado el 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la investigación de EMEEQUIS, la Contraloría remitió a un acuerdo previo del Comité de Transparencia para justificar la negativa total.
Acuerdo usado antes de la solicitud
El caso tiene una irregularidad clave: el acuerdo invocado por la Contraloría habría sido aprobado el 1 de julio de 2026, pero la solicitud que pedía la declaración patrimonial de Nahle fue turnada al área responsable hasta el 3 de agosto. Además, el acuerdo citado correspondería a otro folio de transparencia, no al de la solicitud efectivamente negada.
Esto abre dudas sobre si la autoridad clasificó la información antes de analizar la petición concreta, algo incompatible con las reglas de transparencia que obligan a revisar cada solicitud y justificar qué partes pueden reservarse o testarse.
La ley permite versiones públicas
El punto de fondo es que las declaraciones patrimoniales sí contienen datos personales que deben protegerse, como domicilios, cuentas bancarias o información de dependientes económicos. Pero eso no significa que puedan ocultarse por completo.
La Ley General de Transparencia y la Ley General de Responsabilidades Administrativas obligan a mantener disponibles versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas. Esas versiones deben testar datos sensibles, pero permitir conocer información de interés público, como evolución patrimonial, ingresos y bienes.
Transparencia bloqueada
La negativa de Veracruz coloca a Nahle bajo mayor escrutinio, especialmente porque la gobernadora ha enfrentado señalamientos públicos sobre su patrimonio y ha rechazado versiones que atribuye a campañas políticas.
Si la Contraloría insiste en reservar todo el documento, el caso podría terminar en recursos de revisión o denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. Para un gobierno que presume honestidad, ocultar incluso la versión pública de la declaración patrimonial deja más dudas que certezas.
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