El 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México colapsó, causando la muerte de 26 personas y dejando a más de 100 heridas. Cuatro años después, las víctimas y sus familias continúan buscando justicia y una reparación integral del daño. Aunque se han ofrecido indemnizaciones y se han firmado acuerdos reparatorios, muchas de las víctimas consideran que las compensaciones han sido insuficientes y poco proporcionales frente a la magnitud de la tragedia.

Amparo para revalorar indemnizaciones

Recientemente, un grupo de 12 víctimas obtuvo un amparo que obliga a revalorar las indemnizaciones otorgadas por Grupo Carso, empresa responsable de la construcción del tramo colapsado. El Tribunal Colegiado resolvió que las compensaciones entregadas no se ajustaban a los principios de justicia y proporcionalidad, ordenando una nueva evaluación basada en la capacidad económica de la constructora y en la afectación individual de cada víctima.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un recurso interpuesto por Grupo Carso que pretendía revocar esta resolución. Con esta decisión, la sentencia queda firme y establece un precedente importante sobre la responsabilidad de empresas contratistas en obras públicas, así como sobre el derecho de las víctimas a una reparación integral.

Críticas a las autoridades

Organizaciones de víctimas y familiares han señalado deficiencias en la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aseguran que ambas instituciones han favorecido acuerdos reparatorios que benefician a la empresa y han actuado sin consultar adecuadamente a las personas afectadas.

También han denunciado que muchos de los acuerdos firmados fueron negociados en condiciones de desigualdad, sin acceso a asesoría legal independiente y bajo presión institucional. Esto ha generado desconfianza en las autoridades y ha intensificado el reclamo por justicia verdadera, no condicionada ni negociada a espaldas de los afectados.

Apoyos gubernamentales y su insuficiencia

Tras el colapso, el gobierno capitalino entregó indemnizaciones económicas a 129 familias. El Sistema de Transporte Colectivo Metro otorgó 45 millones de pesos en compensaciones y se destinaron 650 mil pesos por fallecido, además de un millón de pesos adicionales por parte del gobierno de la Ciudad de México. A pesar de estos montos, muchas víctimas consideran que la ayuda es insuficiente para cubrir gastos médicos, terapias, secuelas psicológicas y, en algunos casos, la pérdida del principal sustento familiar.

Además, han exigido que los apoyos no se limiten a compensaciones económicas, sino que incluyan garantías de no repetición, sanción a los responsables y acompañamiento psicológico y legal a largo plazo.

Conclusión

A pesar de algunos avances legales, como el reciente amparo que obliga a revisar las indemnizaciones, las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro aún enfrentan múltiples obstáculos en su búsqueda de justicia. La sentencia representa un paso importante hacia el reconocimiento pleno de sus derechos, pero también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a víctimas en México. La lucha de estas personas no es solo por compensación económica, sino por dignidad, verdad y garantías de que tragedias como esta no se repitan.

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