Grabación muestra reunión con proveedor
Nuevos videos difundidos por Latinus muestran a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, reunida con el empresario José Alfredo Hernández Casillas mientras éste explica cifras, porcentajes y montos relacionados con contratos de la autoridad electoral.
La grabación correspondería al 16 de febrero de 2026 y se refiere, entre otros asuntos, a la fabricación de la credencial para votar, servicios de autenticación y códigos QR.
En los fragmentos publicados, Taddei aparece presente frente a los cálculos, pero no se le escucha hablar, una distinción relevante al describir lo que efectivamente muestra el material.
Contrato alcanza hasta 71 millones de dólares
La conversación menciona el contrato para producir credenciales de elector adjudicado en diciembre de 2025.
El acuerdo tiene un monto máximo cercano a 71 millones de dólares, equivalentes a alrededor de mil 300 millones de pesos, y una vigencia prevista hasta 2031.
Durante la grabación, Hernández Casillas realiza cálculos sobre cantidades que, según sus propias palabras, corresponderían a diferentes participantes.
También habla de otros negocios relacionados con autenticación de las credenciales y servicios tecnológicos asociados.
Proveedor habla de porcentajes y ganancias
Hernández Casillas menciona un esquema de distribución sobre recursos ligados a la producción y autenticación de la mica.
En otro fragmento se refiere a HuBOX, empresa relacionada con los códigos QR, y describe porcentajes que corresponderían a él y a un tercer empresario.
Latinus interpreta estas conversaciones como evidencia de un presunto reparto de ganancias derivadas de contratos públicos. Sin embargo, las grabaciones todavía deben ser verificadas e incorporadas formalmente a las investigaciones antes de que puedan establecerse responsabilidades administrativas o penales.
Sheinbaum pide esperar auditorías
Claudia Sheinbaum señaló este martes que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos y establecer si existen elementos para proceder contra funcionarios o particulares.
La presidenta afirmó que, si las auditorías encuentran posibles delitos, los expedientes deberán ser enviados a la Fiscalía General de la República; si se detectan faltas administrativas, deberán seguirse los procedimientos correspondientes.
Sheinbaum pidió no sustituir ese proceso con acusaciones políticas y recordó que la revisión solicitada abarca tanto la gestión de Taddei como contrataciones de periodos anteriores.
Videos elevan presión sobre investigación
Las nuevas grabaciones representan un elemento adicional dentro de un expediente que ya incluía relaciones personales entre funcionarios y proveedores, contratos cuestionados e investigaciones internas.
El material audiovisual no acredita por sí solo que Taddei haya recibido recursos, manipulado una licitación o cometido un delito.
La relevancia de los videos dependerá de que las autoridades puedan relacionar las conversaciones con contratos concretos, movimientos financieros, decisiones administrativas y posibles beneficios personales.
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