Descubrimiento de la planta clandestina
Las autoridades mexicanas detectaron y desmantelaron una refinería ilegal en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se procesaban cerca de 500 000 litros de crudo robado. La instalación contaba con infraestructura sofisticada: tanques móviles y verticales, tuberías, separadores, maquinaria especializada y combustible listo para su distribución clandestina. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de Energía, Pemex, la Guardia Nacional, la Semar, el Ejército y la FGR, tras una labor de inteligencia y reconocimiento aéreo y terrestre.
Vínculos con Pemex y sospechas de colusión
La complejidad técnica de la refinería y el uso de equipo especializado ha llevado a investigadores militares y del sector a plantear posibles vínculos entre la operación clandestina y personal de Pemex, así como proveedores locales. Se presume que el esquema necesitaba conocimiento interno y apoyo logístico para funcionar en instalaciones de estado, aunque aún no se han reportado detenciones. El caso ha encendido los reflejos de posibles redes de complicidad dentro de la petrolera estatal.
Reacción del PAN y acusaciones al gobierno federal
El Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de permitir la operación de esta planta ilegal hasta su reciente desmantelamiento, haciendo eco a sus críticas sobre la falta de supervisión en Pemex. Legisladores panistas solicitaron una investigación exhaustiva, que incluya a funcionarios y directivos de Pemex, así como a proveedores en Veracruz. Advierten que la impunidad podría alentar nuevas operaciones criminales bajo la complacencia del Estado.
Contexto de la estrategia contra el robo de combustibles
Este operativo forma parte de una campaña más amplia contra el huachicol, que ha canalizado esfuerzos a nivel federal y coordinación con Estados Unidos. Entre 2019 y 2024, Pemex estimó pérdidas superiores a 75 mil millones de pesos. Además de este hallazgo en Veracruz, operativos recientes en Nuevo León aseguraron 1.2 millones de litros. La práctica representa alrededor de un 30 % del mercado interno de combustibles, según ONEXPO. El caso de la planta clandestina reaviva el debate sobre la eficacia de las políticas federales y el combate al crimen organizado en el sector energético.
Riesgos ambientales y económicos
La planta ilegal operaba sin permisos ni medidas de seguridad, lo que implicó riesgos ambientales significativos: emisiones tóxicas, derrames, contaminación del suelo y afectaciones a cuerpos de agua. El huachicol no solo implica pérdidas fiscales para Pemex, sino también impactos en la salud y el medio ambiente, y fortalece a grupos delictivos que financian actividades violentas.
Hacia una investigación sólida
El PAN insiste en que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados coordine con la FGR y la Auditoría Superior de la Federación una investigación integral. Las metas son transparentar responsabilidades, sancionar a los involucrados y establecer mecanismos de control más estrictos: auditorías, denuncias internas, monitoreo de ductos y cadena de custodia en plantas petroleras.
Conclusión
El hallazgo de la refinería clandestina en Veracruz reivindica el discurso de una posible colusión entre Pemex y el crimen organizado. El PAN exige que este caso sea la oportunidad para reforzar la transparencia, profesionalizar la gestión y romper posibles redes dentro de la petrolera. De no hacerlo, advierten, la percepción de impunidad persistirá y México seguirá siendo vulnerable a prácticas ilícitas que amenazan la economía, el medio ambiente y el combate al crimen organizado.
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