En los primeros seis meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha experimentado un alarmante incremento en el número de personas desaparecidas. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se han registrado 7,778 nuevas desapariciones, lo que equivale a un promedio diario de 56 personas no localizadas.

Jalisco continúa siendo el estado con mayor número de casos, consolidándose como el epicentro de esta crisis. El reciente descubrimiento de un centro de exterminio en Teuchitlán ha reforzado la alarma sobre la magnitud del problema en la región. Las imágenes y testimonios recabados por colectivos de búsqueda han conmocionado a la opinión pública y revelado niveles de violencia y crueldad sistemática por parte del crimen organizado.

A la par, estados como Tabasco han duplicado sus cifras de desapariciones desde que comenzó el sexenio. Este aumento ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, quienes señalan que, a pesar de los cambios políticos, las condiciones estructurales que permiten la impunidad y la falta de resultados continúan sin modificarse.

La nueva administración ha reaccionado prometiendo un “nuevo enfoque” para la búsqueda de personas, incluyendo la reestructuración de las comisiones estatales y el fortalecimiento del sistema forense. Sin embargo, familiares de víctimas y colectivos han expresado su frustración ante lo que consideran una política reactiva y sin resultados visibles. Las protestas de madres buscadoras no han cesado, y los reclamos de seguridad, justicia y verdad se hacen cada vez más fuertes en todo el país.

El gobierno federal, por su parte, ha defendido su estrategia argumentando que los nuevos registros reflejan una mayor eficiencia en la denuncia y documentación de casos, más que un incremento real en la incidencia. No obstante, especialistas advierten que esta narrativa es insuficiente, especialmente cuando las cifras de localización siguen siendo bajas y la tasa de impunidad se mantiene cercana al 98%.

El caso de Teuchitlán ha sido especialmente simbólico. Allí, un conjunto de hornos clandestinos fue encontrado en una propiedad ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente usada como centro de adiestramiento y exterminio. Las autoridades han evitado emitir declaraciones concluyentes, pero los testimonios de los colectivos indican que en ese sitio podrían haberse desintegrado cuerpos de múltiples víctimas.

En contraste con lo anterior, la presidenta Sheinbaum ha prometido encabezar personalmente una política de atención a víctimas, similar a la que implementó en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno. Asegura que los recursos humanos y tecnológicos se incrementarán y que el Ejército colaborará en tareas de búsqueda, algo que ha generado división entre activistas y expertos.

El fenómeno de las desapariciones en México no solo es una tragedia humanitaria, sino también un reflejo de la colusión entre autoridades, crimen organizado y la negligencia institucional. Aunque cada administración promete actuar con mayor determinación, los resultados siguen siendo dolorosamente similares: miles de personas desaparecen cada año sin dejar rastro, y miles de familias continúan su lucha solitaria contra el olvido.

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