El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha decidido abrir una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022. Esta decisión se tomó tras sospechas de que la campaña superó los límites de gasto establecidos y utilizó fuentes de financiación prohibidas, que no fueron debidamente reportadas. Entre las acusaciones más destacadas, se señala que se excedieron los topes de gasto en la segunda vuelta electoral por más de 1.600 millones de pesos colombianos.

El CNE también ha formulado cargos contra el gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo, quienes tendrán que responder por las presuntas violaciones al régimen de financiación. Se han identificado aportes no declarados de organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO), lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en los gastos de campaña.

En respuesta, Gustavo Petro ha calificado la investigación como un intento de “golpe de Estado”, acusando al CNE de estar influenciado por intereses políticos que buscan desestabilizar su gobierno. Petro ha defendido que las donaciones mencionadas no fueron destinadas a la campaña presidencial, sino a su partido, Colombia Humana, y ha pedido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que haga públicas las pruebas que respaldan su inocencia.

Esta situación ha generado un fuerte debate en Colombia, ya que Petro sostiene que la autoridad electoral está actuando de manera inconstitucional al investigarlo, dado que el presidente tiene un fuero especial y solo puede ser juzgado por la mencionada Comisión

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