La reforma judicial impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 fue un cambio significativo que redefinió el Poder Judicial en México. Esta reforma redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 26 a 11 y estableció el Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y Legislativo. Además, se introdujeron mecanismos como la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, que reforzaron el papel de la Suprema Corte como máximo tribunal constitucional del país.
En el contexto actual, la reciente reforma judicial promovida por el gobierno de López Obrador ha generado un intenso debate sobre la independencia de los poderes. Mientras Zedillo defiende la autonomía del sistema judicial que él mismo reformó, critica fuertemente las reformas recientes, calificándolas como un ataque directo a la independencia judicial, advirtiendo que podrían llevar a una tiranía política. Señala que estas modificaciones podrían subordinar al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo, comprometiendo su capacidad para actuar con imparcialidad.
Este debate ha resaltado las tensiones entre la necesidad de modernizar el sistema judicial y el temor de que los cambios puedan erosionar los principios de la división de poderes, que son fundamentales para la democracia.
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