Primer caso judicializado por cohabitación forzada
Un hombre identificado como Andrés “N” fue detenido en Chiapas acusado de entregar a su hija tzotzil de 12 años a un adulto a cambio de 25 mil pesos, con el objetivo de obligarla a vivir con él. La Fiscalía estatal lo imputó por el delito de cohabitación forzada, en el primer caso judicializado por este delito en la entidad.
La investigación inició después de una denuncia presentada por la madre de la menor, lo que permitió a las autoridades obtener una orden de aprehensión contra el padre.
Fiscalía busca pena máxima
Autoridades de Chiapas informaron que buscarán una condena de hasta 30 años de prisión contra el imputado. El caso fue presentado como un precedente judicial relevante, debido a que la cohabitación forzada afecta principalmente a niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, pobreza y normalización de uniones tempranas.
La Fiscalía también informó que procederá contra el adulto que habría recibido a la menor, por su presunta participación en los hechos.
Una práctica bajo investigación penal
La cohabitación forzada implica obligar a una niña, adolescente o mujer a vivir con otra persona en una relación impuesta, muchas veces bajo acuerdos económicos o familiares. Aunque puede presentarse como “costumbre” o arreglo comunitario, las autoridades la investigan como una forma de violencia y explotación.
El caso de Chiapas es especialmente grave porque involucra a una niña de 12 años, un pago económico y la presunta participación directa de su padre.
La denuncia de la madre fue clave
La denuncia materna permitió activar la investigación y romper el silencio alrededor del caso. Sin esa intervención, la menor pudo haber quedado atrapada en una relación impuesta bajo una aparente negociación familiar.
El proceso judicial será una prueba para las autoridades estatales: deberán proteger a la víctima, acreditar la responsabilidad del padre y avanzar también contra el comprador señalado.
Un precedente necesario
La detención no repara por sí sola el daño, pero abre una ruta legal importante. Judicializar la cohabitación forzada permite reconocer que entregar a una niña a cambio de dinero no es tradición ni acuerdo familiar: es violencia.
El caso deja una advertencia clara para Chiapas y para el país: las uniones forzadas de niñas deben investigarse como delitos y no como prácticas toleradas.
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