Procesos acelerados y alcance de las reformas
El pasado martes 24 de junio, la Cámara de Diputados aprobó, en un maratónico “fast track” que duró más de 10 horas, varias leyes en materia de seguridad e inteligencia impulsadas por la presidencia de Claudia Sheinbaum. Con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, las reformas transfieren la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la equiparan con estructura y rango militar completo.
Estas leyes secundarias armonizan la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, formalizando la adscripción militar de la Guardia, la profesionalización de sus mandos y nuevas facultades en investigación, inteligencia, intervención de comunicaciones y operaciones encubiertas bajo mando del Ministerio Público.
Defensa presidencial y respuesta a críticas
Sheinbaum y sus aliados insistieron en que estas reformas no representan militarización del país, sino una modernización de la seguridad pública, que contempla formación policial con derechos humanos, justicia militar en delitos propios, y licencias especiales para que militares participen en cargos públicos.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, subrayó en Palacio Nacional que el objetivo es optimizar inteligencia y coordinación, sin violar la privacidad ni intervenir comunicaciones sin orden judicial.
Oposición y preocupaciones ciudadanas
Diputados de oposición, representantes de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN expresaron alarma por el riesgo de un “Estado policiaco” y la erosión del mando civil. Señalaron que se omiten controles democráticos, transparencia y soberanía local; además, alertaron que la Guardia Nacional ahora tendrá facultades similares a las de plataformas de espionaje como Pegasus, sin suficientes frenos legales.
Voces como la diputada Paulina Rubio (PAN) acusaron que esta ley “formaliza una militarización plena”, mientras coordinadores priistas sostienen que se abre la puerta a una policía de guerra.
Detalles técnicos y nuevos poderes
Entre las nuevas facultades destacan:
- Gobernar los rangos dentro de la Guardia Nacional, igualándolos a los militares de carrera.
- Intervenir comunicaciones y solicitar datos en tiempo real —como geo-referenciación— a empresas telefónicas con autorización del Ministerio Público.
- Realizar operaciones encubiertas y emplear “usuarios simulados” para investigar delitos de alto impacto bajo supervisión judicial.
- Permitir que militares activos obtengan licencias especiales para competir por cargos públicos, como legisladores o alcaldes.
Contexto y siguiente etapa legislativa
El paquete forma parte de un bloque de al menos 23 reformas prioritarias que se discuten en el periodo extraordinario que va del 23 de junio a fines de julio. Los mismos ejes incluyen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Investigación e Inteligencia, instrumentos clave para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad.
Tras su aprobación en Diputados, el paquete fue enviado al Senado. Se anticipan debates intensos, especialmente por la resistencia de las Fuerzas Armadas y críticas de organismos civiles por la pérdida de contrapesos públicos.
Interpretación política y social
El gobierno argumenta que la nueva arquitectura institucional fortalecerá la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, combatiendo mejor a los cárteles. Paralelamente, opositores advierten que una Guardia militarizada podría erosionar libertades, concentrar el poder y afectar derechos civiles, particularmente en corte y vigilancia, sin suficientes garantías reales.
Con ello, los reflectores se centran no solo en la seguridad, sino también en la relación entre civilismo y militarismo en un país con historial de intervenciones castrenses recurrentes.
Las noticias que marcan el pulso de México, explicadas sin rodeos. Ale Díaz de la Vega te espera en vivo a las 10 am en El Daily Diario. Haz clic y entérate de lo que realmente importa.
