¿Jueces “sin rostro”? Una medida extraordinaria

El 25 de junio, Claudia Sheinbaum envió al Senado una propuesta para instaurar la figura de “jueces sin rostro” en los casos relacionados con delincuencia organizada. La iniciativa busca proteger la identidad de jueces, magistrados y ministros cuando su integridad personal o familiar esté en riesgo debido al poder de los cárteles.

La propuesta modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Establece que el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación podrá solicitar medidas para resguardar la identidad de los juzgadores, siempre bajo criterios estrictos y revisión judicial regular.

Criterios y funcionamiento de la medida

Las condiciones para optar por el anonimato incluyen:

• Presencia de indicios sobre la participación del acusado en criminalidad organizada.
• Capacidad real del grupo delictivo para amenazar o atentar contra la vida del juzgador.
• Incapacidad del Estado para garantizar la seguridad mediante esquemas convencionales.
• Historial o probabilidad de amenazas previas contra la persona juzgadora o su entorno.
• Gravedad del delito de que se trate, considerando el daño potencial y la pena asociada.

El anonimato es temporal y sujeto a revisión periódica por la Unidad Especializada del Poder Judicial, con el fin de suspenderlo tan pronto como las amenazas cesen.

Justificaciones que lo respaldan

Defensores de la propuesta, incluidos legisladores de Morena, señalan que México enfrenta una ola de violencia y cooptación extrema del crimen organizado. Mencionan como ejemplo el caso del juez antimafia Giovanni Falcone en Italia, asesinado en 1992, para ilustrar la urgencia de blindar al Poder Judicial frente a amenazas severas.

Senadores como Gerardo Fernández Noroña avalaron la medida, subrayando que sin estas herramientas, los jueces “estarían en riesgo mortal” al encabezar procesos de gran impacto contra capos del narco.

Las voces críticas y temores constitucionales

Oposición y organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles violaciones al derecho a un juicio justo. La ONU y la Corte Interamericana han señalado que los tribunales anónimos pueden socavar la independencia judicial, impedir la recusación de jueces, restringir la transparencia del proceso y limitar los derechos de defensa.

Representantes de Movimiento Ciudadano, como Laura Ballesteros, advirtieron que esta figura podría convertirse en un mecanismo opaco que concentre poder e inhiba la rendición de cuentas, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho.

Experiencias internacionales y precedentes en México

La figura de jueces anónimos se ha utilizado en países como Colombia, Perú, El Salvador e Italia para enfrentar situaciones extremas, con resultados mixtos por problemas de derechos humanos y falta de transparencia. En México, la propuesta fue inicialmente impulsada por Felipe Calderón en 2010 sin éxito, y retomada en la reforma judicial de 2024 sin lograr ser eficaz debido a las reservas legales existentes.

Próximos pasos en el Senado

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, y se anticipa que sea dictaminada en el periodo ordinario de septiembre. Sin embargo, el tema del anonimato judicial desató ya un fuerte debate político y social, y podría generar modificaciones sustanciales en su redacción o alcance.

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