Uso de recursos públicos para posgrados
La Cámara de Diputados aprobó este 1 de julio de 2025 un convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para financiar parcialmente estudios de posgrado (maestría y doctorado) a 80 legisladores y trabajadores de San Lázaro. El monto total contratado asciende a 5 416 425 pesos, equivalentes a poco más de 2.7 millones de pesos por cada nivel educativo.
Detalles del convenio
Según documentos oficiales, el convenio LXVI/SG/UCFP/056/2025 establece que 53 personas cursarán una maestría en Administración Pública, con un costo total de 5 843 250 pesos. La Cámara asumirá 2 921 625 pesos (más IVA), mientras que los participantes cubrirán la otra mitad mediante 20 pagos de nómina por 146 081 pesos.
En cuanto al doctorado, serán 27 los beneficiarios, con un costo total de 4 989 600 pesos. El Congreso pagará 2 494 800 pesos (sin IVA), y los estudiantes aportarán 20 mensualidades de 124 740 pesos.
La modalidad será a distancia, con sesiones los lunes y jueves de 17:00 a 21:00 horas, iniciando el 10 de marzo de 2025 y concluyendo el 8 de marzo de 2027. Los gastos de titulación correrán a cargo de los propios beneficiarios.
Contraste con los recortes al gasto social
Esta asignación ocurre en un contexto presupuestal marcado por reducciones en sectores estratégicos. El gasto en salud presenta una reducción del 11 % para 2025, según el Presupuesto de Egresos aprobado en diciembre pasado.
La educación también registró recortes, junto con organismos como el INE y el Poder Judicial, a fin de reasignar recursos a programas prioritarios o emergentes impulsados por el Ejecutivo.
Percepción pública y críticas
Diversos analistas y ciudadanos han cuestionado esta medida como una contradicción flagrante: mientras se recortan recursos a servicios básicos, se destinan millones para el desarrollo profesional de los propios legisladores. Algunos críticos señalan que no existe vinculación directa entre estos estudios y sus funciones constitucionales, lo que pone en entredicho la responsabilidad fiscal del Legislativo.
Implicaciones políticas y sociales
Esta decisión tiene múltiples consecuencias:
- Credibilidad institucional: Socava la imagen de austeridad y rendición de cuentas promovida por el oficialismo, ya que los diputados priorizan su formación frente al bienestar ciudadano.
- Precedente administrativo: Se agrega presión para que se transparenten los criterios de selección de beneficiarios y se justifique el impacto real de estos posgrados en la función legislativa.
- Debate sobre prioridades: Abre una discusión más amplia sobre el uso del presupuesto público, la alineación entre gastos e intereses sociales, y los límites del beneficio público para los servidores.
Conclusión
La decisión de financiar parcialmente estudios de posgrado a 80 diputados y empleados de San Lázaro con más de 5.4 millones de pesos del erario genera un fuerte contraste entre el discurso de austeridad y la práctica presupuestal. En un contexto de recortes a educación y salud, la medida abre un debate urgente sobre prioridades, transparencia y legitimidad del gasto público en el Poder Legislativo.
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