Acusaciones y advertencia oficial
El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que acusa a diversos cárteles mexicanos de ofrecer recompensas de hasta 50 mil dólares por atacar o asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la alerta fue generada tras detectar mensajes interceptados por agencias de inteligencia, donde se describen incentivos económicos para “neutralizar” a agentes estadounidenses en operaciones fronterizas o en territorio mexicano.
La advertencia, emitida por la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, busca alertar a las fuerzas de seguridad sobre un posible aumento de agresiones organizadas y amenazas dirigidas contra personal federal, especialmente en los estados del sur de Texas, Arizona y California.
Origen de la información y cárteles implicados
Según fuentes de seguridad citadas en medios estadounidenses, las amenazas provendrían de fracciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos grupos estarían reaccionando a los recientes decomisos, arrestos y congelamientos de activos llevados a cabo por agencias de inteligencia de Estados Unidos en colaboración con México.
El DHS sostuvo que existen indicios de que los ofrecimientos económicos se han extendido también a sicarios locales y grupos de tráfico humano asociados a las redes de contrabando fronterizo. Las recompensas, que varían entre 25 mil y 50 mil dólares, estarían dirigidas principalmente a atacar vehículos oficiales, instalaciones migratorias o convoyes de agentes.
El documento también detalla que estas amenazas habrían sido detectadas mediante operaciones de infiltración digital en canales encriptados utilizados por células de los cárteles para coordinar ataques y transporte de drogas.
Reacciones en Washington
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la situación como “una agresión directa contra la seguridad nacional de Estados Unidos”. Agregó que el presidente Joe Biden ordenó el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia fronteriza y la cooperación inmediata con México para prevenir atentados o incidentes armados.
Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, informó que las investigaciones se están coordinando con la DEA y el Comando Norte (Northcom), con el objetivo de identificar los orígenes financieros de las recompensas y determinar si existe participación directa de líderes de los cárteles.
El fiscal general Merrick Garland también advirtió que cualquier intento de atacar o intimidar a funcionarios federales será considerado “acto de terrorismo doméstico” y se perseguirá bajo las leyes antiterrorismo de Estados Unidos.
Respuesta del gobierno mexicano
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que solicitará mayores detalles sobre las acusaciones y que “no tiene evidencia directa” de amenazas activas contra personal estadounidense en su territorio.
La canciller Alicia Bárcena indicó que México mantiene su compromiso de cooperación con Washington, pero enfatizó la necesidad de “no caer en declaraciones que criminalicen de manera generalizada a México ni a sus instituciones”.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que se reforzará la seguridad en las zonas fronterizas y se revisarán los mecanismos de intercambio de información con las agencias estadounidenses para evitar confusiones o filtraciones no verificadas.
Implicaciones diplomáticas y de seguridad
La acusación marca un nuevo punto de tensión entre ambos países, en un contexto donde la cooperación bilateral ya enfrenta retos por la política migratoria, el tráfico de fentanilo y los operativos conjuntos.
Si se confirman las amenazas, el gobierno estadounidense podría elevar su nivel de alerta y considerar a ciertos grupos mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, una clasificación que tendría profundas consecuencias diplomáticas y comerciales.
Expertos en seguridad consultados coinciden en que este tipo de acusaciones reflejan un endurecimiento del discurso de Washington frente a los cárteles, mientras se aproxima la elección presidencial estadounidense de 2026. Algunos analistas sostienen que la retórica podría responder tanto a presiones políticas internas como a un intento de justificar futuras operaciones extraterritoriales más agresivas.
Riesgo para la cooperación fronteriza
Las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos se han caracterizado por altibajos. En años recientes, los incidentes entre fuerzas de ambos países han incrementado la desconfianza.
La actual administración mexicana ha expresado reservas frente a operaciones unilaterales, especialmente tras los casos de detenciones en territorio extranjero sin coordinación formal, como ocurrió con la captura de Genaro García Luna en 2019.
En este contexto, la acusación sobre supuestas recompensas de los cárteles podría agravar la tensión y complicar los programas de patrullaje conjunto, intercambio de inteligencia y cooperación aduanera.
Escenario a futuro
Si las agencias estadounidenses confirman los planes de ataque, podrían desplegar unidades especiales en las zonas de mayor riesgo y solicitar mayor presencia de la Guardia Nacional mexicana en corredores estratégicos del narcotráfico.
Asimismo, el Departamento de Estado podría emitir una alerta de seguridad para su personal en México, lo que afectaría temporalmente los operativos binacionales en curso.
De confirmarse los hechos, esta sería la primera vez que el gobierno de Estados Unidos documenta un intento directo de soborno o contratación para asesinar a funcionarios migratorios dentro de una estructura organizada de los cárteles mexicanos.
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