Introducción
El 18 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra la facción conocida como Los Mayos (también referida como “La Mayiza”) del Cártel de Sinaloa, incluyendo personas físicas, empresas y entidades que supuestamente operan bajo su influencia. Entre los sancionados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California. Este caso ha generado una fuerte polémica política, legal y mediática tanto en México como en el exterior.
Desarrollo
¿Qué sanciones se impusieron y contra quiénes?
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. congeló bienes y activos en territorio estadounidense de 22 personas y empresas mexicanas que se considera que tienen vínculos con Los Mayos.
Entre los sancionados se encuentran los hermanos Alfonso y René Arzate García (“El Aquiles” y “La Rana”), líderes de plaza de Los Mayos en Baja California. También fue incluido Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder del brazo armado de la facción.
Se sancionaron también 15 empresas vinculadas al grupo criminal, muchas con giro en la prestación de servicios turísticos, bares, restaurantes y entretenimiento, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos “El Caimán”.
Hilda Araceli Brown Figueredo fue señalada por el Tesoro de EE.UU. como alguien que, durante su gestión como alcaldesa, permitió que operadores del cártel influyeran en el gobierno municipal de Rosarito. Se acusa que, a través de personas como Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, se colocaron aliados en puestos de gobierno local, se recaudaron pagos de extorsión para los hermanos Arzate y se protegieron actividades delictivas mediante omisiones o colaboración con las dependencias de seguridad municipales.
Posición de Hilda Araceli Brown y respuestas
La diputada Brown rechazó de plano los señalamientos. Afirmó que sus cuentas bancarias no han sido bloqueadas, contrario a lo que se ha difundido.
También calificó las acusaciones como una infamia o intento de desprestigio. Se declaró lista para cualquier investigación, manifestando que su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción ha sido constante.
El esquema de operación que denuncia EE.UU.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la estructura criminal opera de la siguiente manera:
- Los hermanos Arzate mantienen el control de las operaciones criminales de Los Mayos en Baja California, incluyendo tráfico de fentanilo, metanfetamina, marihuana y cocaína.
- Jesús González Lomelí se identifica como un operador financiero clave, dueño de bares, restaurantes, resorts y centros de espectáculos que habrían servido como fachadas para lavado de dinero.
- Candelario Arcega Aguirre es señalado como operador político, cercano a Brown, que habría intermediado colocaciones en el gobierno municipal y facilitado omisiones o protección institucional para los Arzate.
Además, se acusa a Los Mayos de delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro, extorsión, corrupción de agentes públicos y protección institucional para sus actividades delictivas.
Contexto político y legal
Ubicación geográfica estratégica
Rosarito, Baja California, se ubica justo al sur de la frontera con California, lo que la hace clave para rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esto le da al caso una dimensión de seguridad binacional.
Reacciones institucionales mexicanas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció bloqueos administrativos de cuentas de algunas de las personas y empresas señaladas en la lista. Aunque Brown sostiene que sus cuentas no han sido bloqueadas, otras involucradas sí lo han sido.
Marco legal internacional
Las sanciones de OFAC se basan en leyes de EE.UU. para combatir el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico; también en órdenes ejecutivas relacionadas con el control de activos extranjeros.
Implicaciones
Para Hilda Araceli Brown
Políticamente, queda bajo fuerte escrutinio. Sus adversarios podrían pedir investigaciones más profundas, procesos legales nacionales, incluso su desafuero si se le probara responsabilidad penal.
Sus declaraciones y defensa apuntan a que no ha sido legalmente sancionada en México; pero las sanciones extranjeras podrían tener repercusiones prácticas: limitaciones financieras, reputacionales, posibles congelamientos o imposiciones en otros países.
Para Baja California y Rosarito
Se abre la pregunta de cuánta penetración del crimen organizado ha tenido el control político local. Si las acusaciones tienen sustento, la operatividad institucional en Rosarito podría estar comprometida.
Puede generar desconfianza entre los ciudadanos hacia las autoridades locales, especialmente quienes operan dependencias de seguridad, justicia, regulaciones urbanas o licencias municipales.
Para la relación México–Estados Unidos
Las sanciones demuestran que EE.UU. está dispuesto a sancionar a actores políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen. Esto puede tensar relaciones diplomáticas si se percibe que no hay colaboración o investigaciones claras en México.
También refuerza la presión para que México acelere indagaciones, brinde acceso a información y coopere en casos transnacionales de lavado de dinero, narcotráfico y corrupción.
Para la lucha contra el narcotráfico
Las sanciones buscan afectar la capacidad financiera de Los Mayos: limitar sus negocios fachada, sus activos y su capacidad de operar internacionalmente.
Pueden servir de disuasivo para otros actores locales que pudieran estar colaborando con carteles: políticos, empresarios, empresas y funcionarios públicos.
Riesgos y puntos de controversia
- Presunción de inocencia: Las sanciones de EE.UU. no equivalen a una sentencia judicial en México; las acusaciones pueden ser cuestionadas, deben ser investigadas conforme al debido proceso.
- Posibles abusos diplomáticos: Dependiendo de cómo se argumente la cooperación de México con EE.UU., podría acusarse de intervencionismo o de una presión externa sobre soberanía local.
- Efectos colaterales: Empresas sancionadas podrían dejar empleos; las comunidades podrían resentir bloqueos, pérdidas económicas; se podría generar una reacción política defensiva.
Análisis comparativo
No es la primera vez que EE.UU. ha sancionado personas mexicanas, pero sí es de los casos más notables que incluye a una diputada en funciones. Esto lo convierte en un precedente en la política mexicana.
La estrategia de EE.UU. ha estado ampliándose hacia sanciones financieras como herramienta clave —OFAC, congelamientos de bienes— lo que complementa otras formas de cooperación como extradición y asistencia policial.
Conclusiones
Las sanciones contra Los Mayos y Hilda Araceli Brown representan un punto de inflexión: muestran que la lucha contra el narcotráfico en México tiene ahora un componente más fuerte de implicaciones políticas y financieras internacionales.
Es probable que este caso desencadene investigaciones internas más profundas. Podría llevar hacia reformas legales, mayor vigilancia ciudadana y presión desde la sociedad para clarificar responsabilidades.
Para el gobierno federal y estatal de Baja California, este es un reto importante: demostrar transparencia, conocer datos, colaborar con autoridades y asegurar que la justicia funcione de manera imparcial.
En el plano bilateral, la acción de EE.UU. subraya la importancia de cooperación efectiva, inteligencia compartida, pero también plantea la necesidad de cuidar los derechos legales, la soberanía y los procesos internos de investigación en México.
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