Un escándalo de espionaje y financiamiento político internacional

Una investigación publicada por el medio israelí The Marker ha sacudido nuevamente la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto. Según el reportaje, dos empresarios de origen israelí —Avishai Neriah y Uri Ansbacher— afirmaron haber entregado 25 millones de dólares al entonces mandatario mexicano, a cambio de obtener contratos de seguridad y espionaje durante su sexenio. La transacción tendría como propósito facilitar la venta e implementación del software Pegasus, utilizado para labores de vigilancia por diversas instituciones del Estado mexicano.

Este pago habría sido revelado durante un arbitraje civil en Jerusalén, iniciado en 2024 tras una disputa comercial entre ambos empresarios. En dicho proceso legal, se documentó que el dinero fue entregado a un “funcionario de alto nivel”, identificado como “el N”, y que el destino de esos fondos era asegurar relaciones privilegiadas con el gobierno de Peña Nieto. La revelación fue replicada por medios nacionales y ha generado una ola de reacciones políticas y mediáticas en México.

Pegasus: el sistema que escuchaba al país

Pegasus es un software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Su capacidad para acceder remotamente a teléfonos móviles —sin dejar rastro visible y con control total del dispositivo— lo convirtió en una herramienta codiciada por gobiernos en todo el mundo. Durante la administración de Peña Nieto, su uso fue documentado contra periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores e incluso funcionarios públicos.

Los contratos con NSO Group fueron realizados a través de empresas intermediarias, como Balam Seguridad Privada, y se mantienen bajo investigación por parte de diversas autoridades mexicanas. La existencia de estos convenios, aunque confirmada en el pasado, ahora adquiere un matiz mucho más grave: el posible involucramiento personal del expresidente en su adjudicación, a través de un esquema de sobornos internacionales.

La respuesta del expresidente

Tras la publicación del reportaje, Enrique Peña Nieto respondió a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), calificando las acusaciones como “totalmente falsas” y denunciando una campaña de desinformación en su contra. En su mensaje, expresó dudas sobre los intereses detrás de estas publicaciones, aunque no ofreció más detalles ni anunció acciones legales.

La empresa NSO Group, por su parte, se deslindó del caso y afirmó no tener relación con las acusaciones vertidas en el arbitraje entre los empresarios. Aseguró además que cualquier conducta fuera del marco legal por parte de intermediarios no representa la política de la compañía.

Implicaciones políticas y jurídicas

Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de señalamientos que han perseguido al expresidente Peña Nieto desde el término de su mandato. Si bien las acusaciones sobre el uso de Pegasus ya eran conocidas, la existencia de pagos personales y directos —provenientes del extranjero— marca una nueva etapa en las investigaciones sobre corrupción y espionaje en México.

A nivel jurídico, no existe por el momento una investigación oficial abierta en México derivada de este arbitraje israelí. Sin embargo, legisladores de oposición han exigido que la Fiscalía General de la República retome el caso Pegasus con mayor profundidad, integrando esta nueva información como parte del expediente.

En lo político, el caso reaviva las críticas contra el modelo de seguridad interior que imperó durante el gobierno de Peña Nieto y refuerza la percepción de que el espionaje se utilizó no como herramienta para combatir al crimen organizado, sino como mecanismo para mantener el poder y acallar voces incómodas.

Conclusión

La acusación de que Enrique Peña Nieto recibió millones de dólares en sobornos a cambio de contratos gubernamentales para espionaje abre un nuevo capítulo en la ya manchada historia del software Pegasus en México. Aunque el expresidente ha negado los hechos, los documentos del arbitraje internacional colocan la lupa nuevamente sobre su sexenio y sus vínculos con actores internacionales. El caso plantea preguntas urgentes sobre la ética del poder, el papel del Estado en el espionaje ciudadano y la impunidad que sigue imperando en los más altos niveles del gobierno mexicano.

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