Cambio histórico en el Poder Judicial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió en defensa de la reciente elección judicial, la primera en la historia del país. El proceso permitió renovar alrededor de 2 600 cargos, incluidos nueve puestos en la Suprema Corte y nuevos magistrados del Tribunal Electoral. Esta reforma, impulsada por Morena y respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo “democratizar” el sistema judicial.

La participación ciudadana fue baja, con una asistencia estimada de entre el 12.6 % y el 13.3 % del padrón. A pesar de ello, la mandataria aseguró que los resultados reflejan la voluntad popular y que el respaldo masivo a candidatos afines al oficialismo responde al apoyo que tiene la Cuarta Transformación entre la mayoría de la población.

La legitimidad del voto ante las críticas

Diversas organizaciones civiles y partidos de oposición criticaron el modelo de elección, advirtiendo sobre la politización del Poder Judicial. Señalaron riesgos de captura institucional, falta de filtros técnicos, y la posibilidad de que el crimen organizado influyera en ciertas regiones. Además, se denunciaron irregularidades como urnas con más votos que votantes, acarreos y el uso de “acordeones” con listas de candidatos pro-Morena.

Frente a las críticas, Sheinbaum minimizó las anomalías reportadas y argumentó que los resultados se deben a la falta de competencia real. Acusó a la oposición de llamar al abstencionismo y afirmó que, si no hay una oferta electoral seria, es natural que ganen los representantes de su movimiento.

Toma de protesta y protestas sociales

El Senado aprobó formalmente que la toma de protesta de jueces, magistrados y ministros electos se realice el próximo 1 de septiembre. La decisión fue acompañada de protestas ciudadanas y manifestaciones convocadas por organizaciones que denuncian la pérdida de autonomía judicial.

Grupos como México Evalúa y juristas independientes han advertido que la elección directa puede convertir al Poder Judicial en una extensión del Ejecutivo y el Legislativo. En contraste, Morena sostiene que se trata de un proceso histórico que acerca la justicia al pueblo y rompe con la élite jurídica.

La postura oficial y los riesgos institucionales

Sheinbaum ha insistido en que este modelo no debilita al Poder Judicial, sino que lo fortalece al ponerlo bajo el control de la ciudadanía. En su narrativa, los jueces electos representan una nueva legitimidad democrática que contrasta con el sistema anterior, en el que los ministros eran nombrados por élites políticas sin consulta pública.

Sin embargo, analistas advierten que la independencia judicial no puede garantizarse únicamente con el voto. Señalan que la falta de controles, requisitos técnicos y mecanismos de evaluación puede comprometer la calidad del servicio judicial y convertir al Poder Judicial en un órgano subordinado al proyecto de gobierno.

Qué sigue: rumbo a septiembre

Con la toma de protesta programada, el país entra en una nueva etapa en su relación con la justicia. La pregunta principal ahora es si los jueces electos operarán con autonomía o si el Poder Judicial será un engranaje más del aparato político dominante. Septiembre será clave no solo en lo simbólico, sino en lo institucional: el futuro de la división de poderes podría definirse en los hechos, más allá del discurso.

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