Fiscalía todavía no reporta una indagatoria
La Fiscalía General de la República todavía no habría iniciado formalmente una investigación por las presuntas irregularidades detectadas en contratos del Instituto Nacional Electoral, pese a las denuncias y auditorías abiertas durante las últimas semanas.
Claudia Sheinbaum afirmó este 10 de noviembre que preguntó directamente sobre el tema a la fiscal general Ernestina Godoy y que, hasta ese momento, no tenía información de una investigación en curso.
La presidenta recordó que ya existen varias denuncias relacionadas con contrataciones, proveedores y posibles conflictos de interés dentro del organismo electoral.
Corresponde a la FGR revisar los elementos
Sheinbaum sostuvo que será la Fiscalía la encargada de analizar la información presentada y determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones por delitos concretos.
La mandataria evitó anticipar responsabilidades y señaló que primero deberá establecerse qué hechos pueden tener relevancia penal y cuáles corresponden únicamente al ámbito administrativo.
Esto significa que la existencia de denuncias no equivale automáticamente a una carpeta de investigación judicializada ni a responsabilidades acreditadas.
ASF y UIF ya avanzan por otras vías
Mientras la FGR todavía no reporta una investigación formal, otras instituciones sí han tomado medidas.
La Auditoría Superior de la Federación amplió las revisiones sobre contratos del INE, el extinto IFE y organismos electorales locales, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas de personas y empresas relacionadas con proveedores bajo investigación.
Ambos procedimientos tienen alcances diferentes: la ASF fiscaliza el uso de recursos públicos y la UIF analiza movimientos financieros sospechosos, mientras que una eventual investigación penal correspondería a la FGR.
Caso se ha ampliado durante las últimas semanas
Los señalamientos comenzaron con cuestionamientos sobre contratos otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei, pero posteriormente se extendieron hacia proveedores que operaban desde administraciones anteriores.
Las auditorías buscan determinar si existieron simulaciones de competencia, tráfico de influencias, concentración indebida de contratos o beneficios personales.
Hasta ahora, sin embargo, esas hipótesis continúan sujetas a investigación y no constituyen sentencias contra exfuncionarios o empresarios.
FGR tendrá que definir si abre expediente
La siguiente etapa dependerá de la información que reciba formalmente la Fiscalía.
Si considera que existen indicios suficientes de peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito u otros delitos, podrá abrir carpetas de investigación y solicitar diligencias adicionales.
Por ahora, la declaración presidencial confirma que, al menos hasta la mañana del 10 de noviembre, no existía información pública de una investigación penal formal iniciada por la FGR.
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