Acusaciones contra el Poder Judicial
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que entre octubre de 2024 y abril de 2025, jueces federales emitieron 193 resoluciones que favorecieron a más de 100 presuntos delincuentes, incluyendo miembros de cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Golfo y La Familia Michoacana. Estas decisiones incluyeron traslados a cárceles de mínima seguridad, liberaciones y retrasos en procesos de extradición.
García Harfuch señaló que estas determinaciones judiciales han permitido que más de 100 delincuentes regresen a las calles, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.
Casos emblemáticos
Entre los casos más destacados, se encuentra el del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, cuya extradición a Estados Unidos fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces diferentes. Su hermano, Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, también enfrentó retrasos en su proceso de extradición.
Otro caso señalado es el del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Ponce Alanís, presunto operador del Cártel del Pacífico, y a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Reacciones y medidas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación por estas decisiones judiciales y señaló que es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. Además, destacó que las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, algunos de los cuales presuntamente tienen vínculos con el narcotráfico, serán revisadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral.
Por su parte, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció que se tienen preparadas acusaciones contra los jueces involucrados y que, tras las elecciones del 1 de junio, que renovarán la Judicatura mediante voto popular, se procederá legalmente contra ellos.
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