Contratos millonarios y presuntos sobreprecios
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asignó más de 7,200 millones de pesos en contratos a Ethomedical, S.A. de C.V., empresa vinculada a Aldo Díaz Pérez, socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Estos contratos fueron registrados en la plataforma Compranet, aunque el IMSS afirmó que se trató de un “error” y que los montos reales eran menores o inexistentes.
Además, se reportó que Ethomedical y otra empresa relacionada, Abastecedora de Medicinas y Materiales S.A. de C.V., recibieron casi 1,200 millones de pesos en contratos por adjudicación directa para la adquisición de medicamentos, algunos con sobreprecios de hasta 885%. Por ejemplo, la Bleomicina, un tratamiento contra el cáncer, fue vendida en 3,200 pesos por unidad a la delegación del IMSS en Baja California, mientras que el Instituto Nacional de Pediatría la adquirió en 329 pesos.
Falta de transparencia y posibles irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias en los contratos registrados en Compranet, incluyendo errores en los importes y discrepancias en los números de contrato. Además, se señaló que algunos contratos fueron ocultados de la plataforma durante varios meses, lo que impidió su acceso público.
Ethomedical fue señalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como proveedor irregular por incumplir medidas sanitarias. A pesar de ello, continuó recibiendo contratos millonarios por parte del IMSS y otras instituciones gubernamentales.
Respuesta de Rocío Nahle
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respondió a las acusaciones afirmando que no tiene relación directa con las empresas mencionadas y que el vínculo señalado es a través de un socio de su yerno. Criticó el reportaje por considerar que carece de seriedad y profesionalismo.
Impacto en la salud pública
Mientras estas empresas obtenían contratos millonarios, pacientes como Sara Montenegro, exasistente médica del IMSS, tuvieron que recurrir a recursos propios para costear tratamientos contra el cáncer debido al desabasto de medicamentos en hospitales públicos. Sara hipotecó su casa para pagar sesiones de radioterapia en el sector privado, evidenciando las consecuencias de la corrupción en el sistema de salud.
Conclusiones
Este caso pone en evidencia las fallas en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las adquisiciones gubernamentales. La asignación de contratos millonarios a empresas con vínculos políticos y antecedentes de irregularidades resalta la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la integridad en el uso de recursos públicos, especialmente en sectores tan sensibles como la salud.
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