Un veto que silencia el orgullo
El gobierno de Hungría ha intensificado su ofensiva contra los derechos de la comunidad LGTB al prohibir, por primera vez, una marcha contra la homofobia y la transfobia. La manifestación, programada para el 1 de junio de 2025 en Budapest, fue vetada por la policía bajo el argumento de “proteger a menores de edad” frente a lo que el gobierno llama “promoción de la homosexualidad y el cambio de sexo”. Esta justificación se basa en una nueva ley aprobada en marzo, que regula y restringe severamente cualquier forma de expresión pública sobre temas de diversidad sexual.
Una legislación de vigilancia y castigo
La ley, calificada como “anti-exposición”, limita las celebraciones del Orgullo a espacios cerrados y prohíbe toda actividad pública que “sugiera” normalidad en la homosexualidad o la identidad trans. La norma también autoriza el uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar a participantes y permite imponer multas de hasta 200 mil forintos —unos 500 euros— a quienes asistan a eventos considerados ilegales. En el caso de los organizadores, la sanción puede llegar a un año de prisión.
El marco jurídico aprobado por el parlamento húngaro busca, según el primer ministro Viktor Orbán, “proteger a la niñez” de ideologías foráneas. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos, se trata de una ley diseñada para borrar del espacio público a la comunidad LGTB y criminalizar su existencia.
Reacciones dentro y fuera de Hungría
La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité Helsinki y Budapest Pride han calificado la ley como inconstitucional y han anunciado que marcharán, con o sin permiso. “Si esta ley entra en vigor sin resistencia, mañana se prohibirá hablar de racismo o feminismo”, advirtió una activista desde la capital.
En el plano internacional, la Unión Europea ha manifestado su “grave preocupación” y algunos eurodiputados han exigido sanciones económicas contra Hungría. El Parlamento Europeo ya ha condenado la ley en una resolución que la tacha de “discriminatoria, regresiva y peligrosa”.
Mientras tanto, el gobierno húngaro avanza con nuevas propuestas para controlar a las organizaciones civiles que defienden derechos sexuales y reproductivos, incluyendo medidas para congelar sus fondos o forzarlas a registrarse como “agentes extranjeros”.
Conclusión
La prohibición de la marcha LGTB en Hungría no es un hecho aislado, sino el síntoma de un proyecto político autoritario que utiliza el conservadurismo social como herramienta de control. En lugar de proteger a los menores, se silencia a las minorías. El desenlace de esta confrontación marcará un precedente clave para Europa: o se defiende la libertad de expresión y la igualdad, o se normaliza una nueva forma de censura estatal. La resistencia civil, dentro y fuera de Hungría, será esencial para evitar que este veto se convierta en regla.
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