Introducción
Tras el hallazgo de una supuesta “mini refinería clandestina” en Coatzacoalcos, Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle difundió una versión oficial distinta. En conferencia de prensa, afirmó que en realidad se trataba de una simple “mezcladora de aceites” y no una planta de refinación, minimizando la gravedad del operativo.
Hallazgo federal: refinería artesanal
El 18 de junio, Omar García Harfuch, entonces titular de la SSPC, informó sobre el aseguramiento de más de 500 000 litros de hidrocarburos —incluyendo diésel artesanal, nafta ligera, solventes y aceites tratados— en una instalación ubicada junto a la autopista Coatzacoalcos–Villahermosa. El sitio, descrito como un complejo tipo “refinería a pequeña escala”, operaba sin permisos y con equipos para procesar combustibles, lo que lo hacía altamente peligroso para la población local.
La postura de la gobernadora
Nahle cuestionó categóricamente la denominación de “mini refinería”. Señaló que, desde su experiencia como ingeniera y ex secretaria de Energía, lo encontrado era meramente una “mezcladora”, insuficiente para llevar a cabo un verdadero proceso de refinación, que requiere infraestructura industrial compleja y preparación técnica avanzada .
Enfatizó que la zona —Coatzacoalcos, Nanchital, Ixhuatlán y áreas colindantes en Tabasco— está jalonada de ductos de Pemex que trasladan condensados, aceites y gases, lo que según ella justifica presencia de empresas que mezclan productos para procesos industriales, todas bajo permiso federal.
Investigación a cargo de la FGR
Nahle aclaró que el gobierno estatal no tenía conocimiento previo ni facultades sobre esa planta. Atribuyó la investigación exclusiva a la Fiscalía General de la República (FGR), y apuntó que es ahí donde se determinará si hubo delito, permitidos municipales o implicación de funcionarios. Mostró respaldo al operativo y agradeció acciones del gobierno federal y la presidenta Sheinbaum.
Riesgos ambientales y estructura ilegal
Diversas fuentes señalan que la instalación comenzó operaciones alrededor de 2019, erigida sobre terreno deforestado sin permisos visibles. Suplantaba ser una planta de residuos industriales, pero su actividad clandestina en procesamiento de combustible la expuso a la población a graves riesgos ambientales y sanitarios.
Contrastes en la narrativa
- Versión federal: Asamblea apuntada como un operativo técnico para desmantelar una red de huachicol, con decomiso significativo y riesgo poblacional.
- Versión estatal: Un error de denominación; se trata de una mixtura de aceites sin capacidad refinadora, operativa con permisos federales en regla.
Este contraste refleja la compleja dinámica entre órdenes de gobierno y el escrutinio público sobre peligros reales del huachicol.
Conclusión
El caso registra una tensión clara entre representantes federales y estatales. El gobierno local busca moderar el impacto mediático del hallazgo, mientras que las autoridades federales mantienen la postura sobre los peligros ambientales y la ilegalidad de la operación. La próxima entrega del informe oficial por parte de la FGR será decisiva para esclarecer si existía una verdadera refinería clandestina o, como sostiene Nahle, sólo una unidad de mezcla sin operaciones ilegales de gran escala.
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