Introducción
La Cámara de Diputados aprobó este 24 de junio las reformas que consolidan el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio, avalado por la mayoría oficialista, representa una transformación sustancial del modelo de seguridad pública y plantea serias interrogantes sobre el carácter civil del cuerpo creado en 2019.
Transformación institucional de la GN
La reforma impulsa la creación de una nueva Ley de la Guardia Nacional y modifica ocho normas relacionadas con la seguridad interior. El mando operativo será ejercido por un comandante propuesto por el titular de la Sedena, con grado de General de División. Además, todo el personal quedará sujeto a la jurisdicción penal militar, equiparándose al fuero de guerra.
El dictamen también establece que los programas de formación de la GN serán coordinados por Sedena. Aunque se conservará el Certificado Único Policial y se incluirá capacitación en derechos humanos, el enfoque operativo será claramente castrense.
Nuevas facultades contempladas
La Guardia Nacional adquiere, a partir de esta reforma, capacidades ampliadas que antes eran exclusivas de agencias de inteligencia o fuerzas especializadas:
- Podrá realizar operaciones encubiertas, así como utilizar “usuarios simulados” para infiltrarse en redes criminales, siempre con autorización judicial y del Ministerio Público.
- Se autoriza la intervención de comunicaciones privadas con orden judicial, incluyendo georreferenciación en tiempo real, acceso a llamadas y a metadatos.
- Se refuerzan las funciones de investigación de delitos federales, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la propia Sedena.
Debate legislativo y posturas encontradas
Críticas desde la oposición
Partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que las reformas representan una militarización encubierta de la seguridad pública, violando el mandato constitucional de que la GN debe tener un carácter civil. Legisladores como Margarita Zavala acusaron al oficialismo de sustituir paulatinamente las instituciones civiles con estructuras militares sin controles democráticos.
También se expresó preocupación por las nuevas facultades de inteligencia otorgadas a la GN, señalando riesgos de espionaje político, abuso de poder y persecución selectiva, especialmente en un contexto donde se cuestiona la imparcialidad del Poder Judicial.
Defensa desde el oficialismo
Los legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron las reformas como una respuesta necesaria a la crisis de inseguridad. Afirmaron que el control militar de la GN no implica la desaparición de su carácter civil, sino una reorganización institucional para profesionalizar su actuación. Señalaron además que todas las operaciones estarán sujetas a control judicial, lo cual garantiza el respeto a los derechos humanos.
Riesgos y beneficios de la reforma
Beneficios potenciales
- Profesionalización operativa bajo un mando estructurado.
- Mayor capacidad de respuesta en delitos federales y coordinación nacional.
- Aprovechamiento del conocimiento táctico de las Fuerzas Armadas.
Riesgos destacados
- Desdibujamiento del carácter civil de la seguridad pública.
- Concentración de poder en Sedena sin contrapesos legislativos.
- Eventual uso político de las capacidades de inteligencia y vigilancia.
Escenarios legislativos y jurídicos
El dictamen fue aprobado en lo general y ahora pasará a discusión en el Senado. Si se aprueba sin modificaciones, podría ser promulgado por la presidenta Sheinbaum en los próximos días. Sin embargo, diversas organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos ya preparan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El debate no solo es jurídico, sino profundamente político: lo que está en juego es el modelo de seguridad pública que regirá en México durante los próximos años.
Conclusión
La reforma que otorga el control total de la Guardia Nacional a la Sedena redefine los límites entre lo civil y lo militar en el aparato de seguridad mexicano. Mientras el gobierno sostiene que es una medida eficaz ante la violencia, sus críticos advierten que se abre la puerta a un modelo autoritario con escasos contrapesos. La Corte, el Senado y la ciudadanía tendrán un papel decisivo en lo que ya se perfila como una de las reformas más trascendentales del sexenio.
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