La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar tras la histórica elección judicial del 1 de junio de 2025, donde se renovaron cerca de 2,600 cargos judiciales federales y más de 1,800 locales. El diagnóstico es contundente: advierte riesgos serios para la independencia del Poder Judicial y recomienda no replicar este modelo en otros países de América.
Participación ciudadana y comunicación deficiente
La elección registró una participación del apenas 13 % —incluso menor si se considera el número de boletas válidas—, una de las tasas más bajas en procesos electorales de la región. La OEA atribuye esta cifra al nulo conocimiento de los candidatos, el formato complejo de las boletas (hasta doce por sección), y una campaña de información deficiente que dejó a los ciudadanos desorientados.
Irregularidades en el proceso electoral
- Se detectó la distribución de “acordeones” —listados de candidatos sugeridos— tanto físicos como digitales, lo que podría incidir en la independencia del voto.
- Preocupó además el alto porcentaje de votos nulos o no marcados —más del 10 % de los sufragios— apuntando a confusión en la ciudadanía.
- Las condiciones de tiempo breve, diseño complejo y coacción al voto generaron un entorno sumamente complejo y polarizante.
Influencia del Ejecutivo y riesgos a la autonomía
La mayoría de los seleccionados para la Suprema Corte (6 de 9) fueron propuestos por el Ejecutivo y el resto ya eran parte del tribunal. Ese sesgo sectorial, junto con mandatos de nueve años con opción de reelección, despertó sospechas sobre la capacidad real de los jueces para actuar con autonomía e imparcialidad.
Recomendaciones y advertencias
La OEA concluye con una advertencia clara: no recomienda replicar este modelo de elección judicial en otros países. En su lugar, sugiere reforzar la transparencia, mejorar la educación ciudadana, implementar criterios técnicos claros y favorecer una selección más gradual y profesional.
Conclusiones preliminares
- El proceso evidenció una brecha entre la intención democrática de la reforma judicial y su ejecución.
- La baja participación y complejidad operativa restan legitimidad ciudadana al nuevo Poder Judicial.
- La influencia excesiva del Ejecutivo y los riesgos de politización amenazan el principio de imparcialidad.
- Aunque la OEA reconoció aspectos positivos —como paridad de género y logística en general—, subraya que no son suficientes para legitimar el modelo actual.
En resumen, se trata de una reforma judicial innovadora y ambiciosa, pero con fallas estructurales importantes. El futuro del proceso dependerá de la agilidad para corregir los desajustes y fortalecer la institucionalidad democrática.
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