Exigen recursos inmediatos ante la devastación
Tras el desastre provocado por las lluvias torrenciales que han dejado decenas de muertos y municipios devastados en distintos estados del país, los partidos de oposición en el Congreso han exigido al Gobierno Federal la creación inmediata de un fondo nacional para atender emergencias y desastres naturales, en respuesta a lo que califican como una “reacción tardía y desorganizada” del Estado mexicano.
Diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la falta de un mecanismo financiero formal —como el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden)— ha dificultado el envío rápido de recursos a los estados afectados, generando demoras en la reconstrucción y desprotección a miles de damnificados.
El vacío que dejó el Fonden
El Fonden fue eliminado en 2020, bajo el argumento de que era un instrumento “corrupto e ineficiente”. Desde entonces, los recursos para atención de emergencias se concentran en la Secretaría de Hacienda, que los libera mediante procedimientos administrativos y no automáticos.
La oposición sostiene que esta centralización burocrática ha provocado retrasos críticos en la entrega de apoyos y ha dejado a las autoridades locales sin capacidad de respuesta inmediata frente a tragedias naturales.
Los líderes parlamentarios han subrayado que el desastre actual, con más de 130 municipios afectados, pone en evidencia la urgencia de restablecer un mecanismo transparente y ágil que permita disponer de fondos de emergencia sin trámites excesivos.
Propuesta de un nuevo fondo de desastres
El bloque opositor presentó una propuesta para crear un Fondo Nacional de Reconstrucción y Resiliencia (Fonare), con un esquema descentralizado y con supervisión ciudadana, que permita canalizar recursos a las regiones golpeadas por desastres naturales.
Este fondo estaría dotado con una partida inicial de 20 mil millones de pesos, provenientes de reasignaciones presupuestales y de los subejercicios federales. Además, incluiría la participación de gobiernos estatales y municipales mediante aportaciones proporcionales a su nivel de riesgo y exposición climática.
De acuerdo con el documento presentado, los recursos estarían destinados a tres ejes principales:
- Auxilio inmediato a damnificados (vivienda, alimentación y salud).
- Reconstrucción de infraestructura pública y comunitaria.
- Prevención y resiliencia ante futuros fenómenos meteorológicos.
Críticas al manejo federal
La oposición acusó al Ejecutivo Federal de minimizar la magnitud de la tragedia y de politizar la entrega de apoyos, privilegiando a estados afines y demorando el envío de ayuda a otras entidades.
Diputados del PAN y PRI denunciaron que la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos obstaculiza la coordinación con los gobiernos locales y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Por su parte, legisladores de Morena respondieron que el Gobierno Federal sí ha actuado con rapidez y que la desaparición del Fonden se justificó por sus malos manejos en sexenios anteriores. Aseguraron que actualmente se dispone de fondos extraordinarios en la Secretaría de Bienestar y en la de Hacienda, los cuales pueden ser liberados “sin intermediarios” y de manera directa a los afectados.
La urgencia de un debate estructural
Más allá del intercambio político, expertos en gestión de riesgos y organismos civiles advierten que el país enfrenta una crisis estructural de prevención.
México se encuentra entre las naciones más vulnerables a fenómenos naturales por su geografía y condiciones climáticas, pero ha destinado menos del 0.4 % del PIB a programas de protección civil en los últimos tres años.
Sin una política de largo plazo ni un fondo estable, los desastres se abordan únicamente con medidas de emergencia, sin generar mecanismos permanentes de reconstrucción o mitigación.
Analistas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) han recordado que, durante su existencia, el Fonden llegó a financiar más de 2,000 proyectos de reconstrucción y a movilizar más de 60 mil millones de pesos entre 2010 y 2019. Su desaparición, sin una alternativa operativa de igual capacidad, dejó un vacío que hoy se evidencia en la lenta respuesta a los estragos de las lluvias.
Testimonios desde los estados
Gobernadores de Veracruz, Puebla e Hidalgo —las entidades más afectadas— han expresado públicamente su frustración ante la falta de un mecanismo financiero eficiente. Han solicitado apoyos extraordinarios, pero reconocen que el trámite depende de procesos administrativos complejos y lentos.
“Estamos haciendo lo posible con los recursos que tenemos, pero los daños superan nuestras capacidades estatales”, declaró el gobernador de Veracruz, quien pidió que los recursos federales lleguen “sin condicionamientos ni retrasos”.
Alcaldes y presidentes municipales, especialmente en comunidades rurales, también han denunciado que no cuentan con fondos de emergencia locales, lo que los obliga a depender de donaciones o de ayuda humanitaria. Mientras tanto, las lluvias continúan y las condiciones climáticas dificultan las labores de rescate y reconstrucción.
Dimensión política y presión social
El debate sobre el fondo de desastres ha trascendido el Congreso y se ha trasladado a la opinión pública. Diversas organizaciones civiles, universidades y cámaras empresariales han respaldado la exigencia de crear un instrumento financiero confiable y con reglas claras.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso integrar un consejo mixto que supervise la asignación de recursos y garantice la rendición de cuentas.
Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un espacio de denuncia y coordinación ciudadana, donde se documentan casos de comunidades olvidadas y se organizan campañas de apoyo directo.
Perspectivas a corto plazo
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que la propuesta de reactivar un fondo de desastres será discutida antes de la aprobación del Presupuesto 2026.
Aunque aún no hay consenso sobre su financiamiento, la presión social y los daños acumulados podrían empujar a las bancadas a un acuerdo histórico. En los próximos días se espera que la Comisión de Hacienda defina los primeros lineamientos técnicos para su discusión.
Conclusión
El debate por el fondo de desastres se ha convertido en un reflejo del desafío institucional que enfrenta México: cómo equilibrar la austeridad con la protección social, y cómo garantizar que las tragedias naturales no sigan convirtiéndose en crisis humanitarias por falta de previsión.
Las lluvias que devastaron el país no solo dejaron muertos y pérdidas materiales; también revelaron la necesidad urgente de reconstruir no solo carreteras y viviendas, sino también los mecanismos de respuesta del Estado frente a la emergencia.
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