Investigación revela patrimonio millonario

Una investigación periodística ha sacudido nuevamente el panorama político nacional al revelar que José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, posee un amplio patrimonio rural que incluye 13 ranchos, con una extensión total de aproximadamente 600 hectáreas, y 694 cabezas de ganado.
Los registros analizados indican que varias de estas propiedades fueron adquiridas durante el sexenio pasado, en el periodo en que su hermano encabezaba la administración federal.

El informe, elaborado por medios nacionales e independientes, detalla que los bienes suman un valor estimado de más de 10.4 millones de pesos, sin contar los activos ganaderos ni la infraestructura agrícola y pecuaria asociada. La revelación ha generado fuertes cuestionamientos sobre el origen de los recursos, la congruencia patrimonial del funcionario y la transparencia en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Detalles de las propiedades

De acuerdo con los documentos revisados en el Registro Público de la Propiedad y catastros locales, los ranchos se encuentran distribuidos principalmente en los municipios de Macuspana, Jalapa, Tacotalpa y Centro, en el estado de Tabasco.
Las fincas poseen diferentes extensiones —algunas de apenas 20 hectáreas, otras superiores a 100—, con instalaciones ganaderas, pastizales, potreros y zonas de producción agrícola. En conjunto, forman un complejo agropecuario de grandes dimensiones para un funcionario estatal.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que parte de las propiedades fueron compradas mediante sociedades particulares o en copropiedad con familiares. Sin embargo, todas están vinculadas a López Obrador a través de registros catastrales o movimientos notariales.

Además de las tierras, el secretario de Gobierno declaró ante las autoridades hacendarias la tenencia de 694 cabezas de ganado, valoradas en más de 3 millones de pesos, y la posesión de vehículos de transporte y maquinaria agrícola para la operación de los predios.

Compras realizadas durante el sexenio pasado

El punto más polémico del hallazgo radica en que al menos siete de los ranchos fueron adquiridos entre 2018 y 2024, periodo en el que el hoy funcionario tabasqueño se desempeñó como servidor público y su hermano ocupó la presidencia.
De acuerdo con la investigación, los montos de las operaciones no coinciden con los ingresos declarados por López Obrador en su función estatal, lo que ha despertado sospechas de enriquecimiento inexplicable.

Los reportes notariales consultados muestran pagos en efectivo, adquisiciones sucesivas de terrenos contiguos y remodelaciones que incrementaron el valor de las propiedades. Aunque el funcionario sostiene que se trata de herencias familiares y de ahorros acumulados durante años, los documentos revelan un crecimiento patrimonial acelerado, muy superior al registrado en su carrera política previa.

Reacciones y defensa del funcionario

Tras darse a conocer el informe, José Ramiro López Obrador negó cualquier irregularidad y calificó la investigación como un “ataque político” motivado por intereses partidistas.
En declaraciones a medios locales, aseguró que todos los bienes están debidamente registrados, pagados con recursos propios y producto de actividades agrícolas legítimas. “No tengo nada que esconder; he trabajado toda mi vida en el campo”, afirmó.

Sin embargo, la oposición en Tabasco exigió que el Congreso estatal y la Secretaría de la Función Pública abran una investigación formal sobre el origen de los recursos.
Legisladores del PAN y PRD demandaron una revisión exhaustiva de las declaraciones patrimoniales de López Obrador, argumentando que “ningún servidor público puede acumular esa cantidad de propiedades sin generar sospechas razonables”.

Implicaciones políticas y éticas

El caso ha generado repercusiones más allá de Tabasco. Analistas consideran que el escándalo erosiona el discurso de austeridad y anticorrupción que caracterizó al movimiento político encabezado por el expresidente López Obrador.
Aunque José Ramiro no ocupa un cargo federal, su posición como figura cercana al círculo presidencial y su pertenencia a la estructura estatal del mismo partido en el poder han hecho que el tema trascienda al debate nacional.

El caso también ha reavivado las críticas sobre la falta de mecanismos eficaces para vigilar la evolución patrimonial de funcionarios locales. Especialistas en transparencia señalan que los sistemas estatales de fiscalización suelen ser laxos o insuficientes, lo que facilita la acumulación de bienes sin rendición de cuentas efectiva.

Patrimonio familiar y percepción pública

El apellido López Obrador ha estado históricamente ligado a la vida política tabasqueña. José Ramiro ha ocupado cargos públicos en distintas etapas: fue alcalde de Macuspana, subsecretario de Gobierno y actualmente funge como secretario estatal.
Su vínculo directo con el expresidente ha mantenido siempre la atención mediática sobre sus acciones y patrimonio, aunque hasta ahora no se había presentado un señalamiento tan documentado y específico.

La percepción pública sobre el caso está dividida. Mientras los simpatizantes del movimiento oficialista minimizan las acusaciones, sectores opositores y grupos ciudadanos han pedido esclarecer el asunto mediante una auditoría independiente.
La polémica ha cobrado fuerza en redes sociales, donde los usuarios han compartido imágenes satelitales, documentos notariales y mapas de ubicación de los ranchos, lo que ha intensificado el debate sobre la riqueza del funcionario.

Transparencia y rendición de cuentas

Organizaciones civiles, como Transparencia Mexicana y el Instituto de Estudios de la Administración Pública (IEAP), han solicitado que la investigación se conduzca con independencia política y que sus resultados sean públicos.
De confirmarse irregularidades, el caso podría sentar un precedente relevante sobre la vigilancia patrimonial de funcionarios estatales, un tema históricamente relegado frente a la fiscalización federal.

A su vez, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción ha señalado que este tipo de denuncias subraya la necesidad de revisar las declaraciones patrimoniales completas, no solo las simplificadas que actualmente se hacen públicas.
De lo contrario, advierten, las investigaciones seguirán dependiendo de filtraciones o de esfuerzos periodísticos, en lugar de mecanismos institucionales de transparencia.

Conclusión

La revelación sobre los ranchos y el ganado de José Ramiro López Obrador representa uno de los episodios más controversiales de los últimos meses en la política mexicana. Más allá de su impacto mediático, el caso plantea una interrogante esencial: ¿hasta qué punto los servidores públicos pueden acumular patrimonio sin vulnerar la confianza ciudadana?
La respuesta dependerá de la capacidad institucional del Estado para investigar con rigor, sancionar con independencia y garantizar que la transparencia sea una práctica real, no solo un discurso.

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