Un Esfuerzo Conjunto para Garantizar la Seguridad Electoral
En respuesta a la creciente preocupación por la seguridad de los candidatos en el proceso electoral 2023-2024, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el gobierno federal y diversas autoridades de seguridad, ha implementado un protocolo de protección para candidatas y candidatos. Este esfuerzo responde a los alarmantes incidentes de violencia registrados desde el inicio formal del proceso electoral en septiembre, incluyendo el asesinato de al menos 13 aspirantes a diversos cargos de elección popular.
Detalles del Protocolo de Protección a Candidatos
El protocolo de seguridad, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), busca ofrecer servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos según el nivel de riesgo en sus zonas de actividad, clasificado en alta, media y baja incidencia delictiva. La Secretaría de Seguridad, en coordinación con el INE y otras entidades de gobierno, establecerá los criterios para asignar estos servicios, buscando así asegurar un proceso electoral pacífico y seguro.
Críticas y Mejoras Sugeridas
A pesar de estos esfuerzos, líderes de la oposición y representantes de partidos políticos han calificado el mecanismo de protección como insuficiente. Han expresado preocupaciones sobre la efectividad de las medidas propuestas y han sugerido la necesidad de una evaluación y ajuste constantes para asegurar su efectividad. Además, han señalado la importancia de un trabajo conjunto entre los partidos políticos y las autoridades para cerrar el paso al crimen organizado en los procesos electorales.
La Violencia Electoral: Un Desafío Recurrente
El fenómeno de la violencia contra candidatos no es nuevo en México. En elecciones anteriores, se han registrado números significativos de asesinatos y actos de violencia contra políticos y aspirantes. La situación subraya la importancia crítica de medidas de protección efectivas para garantizar la integridad del proceso electoral y la seguridad de quienes participan en él.
Este protocolo de seguridad es un paso hacia la mitigación de la violencia electoral, aunque aún enfrenta desafíos significativos en su implementación y eficacia. La cooperación entre el INE, el gobierno federal, los partidos políticos y la sociedad es esencial para asegurar elecciones libres y seguras en México.
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