Audiencia inicial desde el Altiplano
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer mandatario opositor al PRI en la historia moderna del país, compareció en audiencia inicial por acusaciones relacionadas con huachicol fiscal, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La diligencia se realizó de forma remota ante una jueza federal con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
La Fiscalía General de la República lo señala por su presunta relación con una organización dedicada al contrabando de combustible. De acuerdo con los reportes, el caso está vinculado con la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel y relacionada con operaciones de importación de hidrocarburos.
El caso Ingemar
La investigación se detonó tras el decomiso de ferrotanques con hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025. La FGR indaga si el combustible ingresó al país mediante documentación irregular o simulación de mercancías, una práctica conocida como huachicol fiscal.
El caso tiene peso político porque Ruffo Appel fue una figura histórica del PAN. Su triunfo en Baja California en 1989 marcó la primera derrota del PRI en una gubernatura, por lo que su detención ocurre con una fuerte carga simbólica: el primer gobernador opositor ahora enfrenta acusaciones de crimen organizado y contrabando de combustible.
Sheinbaum promete imparcialidad
Claudia Sheinbaum aseguró que los jueces actuarán con imparcialidad en el caso y adelantó que podrían venir más detenciones. La presidenta defendió que las investigaciones por huachicol fiscal deben avanzar sin importar filiación política o trayectoria pública.
La FGR deberá sostener ante tribunales si Ruffo Appel participó directamente en la red o si la relación se limita a operaciones de empresas vinculadas con él. Por ahora, el proceso apenas inicia y será la autoridad judicial la que defina su situación jurídica.
Huachicol fiscal bajo lupa
El huachicol fiscal se ha convertido en una de las líneas más sensibles de combate a la corrupción y al crimen organizado. A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, este esquema opera desde aduanas, empresas importadoras, facturas y clasificación falsa de productos.
El caso Ruffo Appel muestra que la investigación ya no sólo toca a operadores empresariales o aduanales, sino también a figuras políticas de alto perfil. La audiencia inicial abre una nueva etapa en un expediente que podría crecer más allá del exgobernador.
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