Silencio oficial y postura de la Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se pronunció por primera vez de manera directa sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado en filtraciones como posible colaborador del grupo criminal conocido como La Barredora. El general Ricardo Trevilla Trejo, vocero de la Sedena, afirmó que los informes difundidos a través de Guacamaya Leaks no son documentos oficiales y, por lo tanto, no pueden ser tomados como sustento para iniciar procesos internos o judiciales dentro de las Fuerzas Armadas.
El alto mando castrense explicó que las instituciones deben actuar únicamente sobre información comprobada y ratificada por instancias competentes, no sobre filtraciones que carecen de validación formal. Esta postura fue interpretada por diversos sectores como un deslinde institucional, en un momento en que la opinión pública exige explicaciones claras sobre la presunta infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad del país.
El inicio de la investigación y la omisión señalada
A pesar de que los reportes de inteligencia datan de al menos 2022, no se emprendieron investigaciones profundas en torno a Bermúdez durante el gobierno estatal de Adán Augusto López, actual senador de la República. La omisión ha despertado cuestionamientos sobre la falta de vigilancia interna en los nombramientos de altos mandos de seguridad y sobre los filtros para garantizar la integridad de quienes ocupan puestos estratégicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó recientemente que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existió omisión o complicidad en la permanencia de Bermúdez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, a pesar de los señalamientos. Sheinbaum subrayó que su administración está comprometida con la transparencia y que no habrá espacio para encubrimientos, sin importar el nivel jerárquico de los implicados.
Presuntos nexos con La Barredora
Diversos reportes periodísticos y filtraciones apuntan a que Bermúdez no solo conocía las operaciones de La Barredora, sino que presuntamente facilitó sus actividades delictivas, otorgándoles protección institucional. Este grupo, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido identificado como responsable de delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y robo de combustibles en distintas regiones del sureste mexicano.
Testimonios de exagentes locales han descrito cómo, durante su gestión, Bermúdez habría intervenido en decisiones tácticas para permitir el crecimiento de estas células criminales. Se ha señalado que hubo episodios en los que se retiraron patrullajes de zonas clave o se omitió intervenir en operativos, permitiendo que bandas armadas consolidaran su presencia. Aunque estas acusaciones carecen aún de sentencias judiciales, forman parte de una carpeta de investigación que busca esclarecer la magnitud del daño causado.
Fuga y búsqueda internacional
Tras la salida de Bermúdez de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, la Fiscalía local comenzó a recabar información sobre sus actividades. Para finales de 2024 ya se había emitido una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y corrupción, y en febrero de 2025 se solicitó la colaboración de Interpol para su captura internacional. Se presume que el exfuncionario salió del país rumbo a Centroamérica, aunque su paradero exacto se mantiene desconocido.
La ficha roja emitida mantiene activa la búsqueda a nivel global, mientras autoridades mexicanas han incrementado su presencia en Tabasco con el objetivo de desarticular redes criminales que podrían haber operado bajo la protección de Bermúdez. En operativos recientes se ha detenido a una decena de personas vinculadas con el mismo grupo, reforzando la hipótesis de una amplia red de complicidades locales.
Impacto institucional y político
El caso Bermúdez no solo involucra a un exfuncionario estatal, sino que pone bajo escrutinio los mecanismos de control interno del Estado mexicano. Organizaciones civiles y analistas en seguridad han señalado que la negativa de la Sedena a reconocer los documentos filtrados refleja la dificultad que tienen las instituciones para actuar preventivamente ante indicios tempranos de corrupción.
En el ámbito político, la oposición ha señalado directamente al entorno de Adán Augusto López, acusándolo de haber permitido el crecimiento de Bermúdez pese a las advertencias. Morena, por su parte, sostiene que las investigaciones siguen su curso y que no se protegerá a nadie que resulte responsable.
Un reto para la justicia mexicana
El proceso judicial apenas comienza, pero el caso ya se perfila como un parteaguas en la forma en que México enfrenta la infiltración del crimen organizado en sus estructuras de seguridad pública. La atención mediática y social sobre este expediente presiona a las autoridades para garantizar un proceso transparente y ejemplar, que envíe un mensaje claro contra la impunidad.
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