Un país marcado por la desconfianza

Tras la reciente controversia en torno al caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, surgió una pregunta que retumba en las calles de México: ¿está el gobierno relacionado con el narcotráfico? Para medir el sentir de la población, se realizó un amplio sondeo ciudadano en distintas ciudades del país, cuyos resultados arrojan un panorama inquietante.

El sondeo, llevado a cabo por un equipo de reporteros y encuestadores independientes, consistió en entrevistas cara a cara en espacios públicos, desde plazas en Ciudad de México hasta mercados en estados como Veracruz, Jalisco y Sinaloa. La metodología fue sencilla pero directa: se planteó la misma pregunta a personas de diferentes edades, ocupaciones y niveles educativos. Las respuestas recogidas exponen una mezcla de frustración, enojo y, en muchos casos, resignación.

Voces de incredulidad y enojo

En la Ciudad de México, Rosaura González, comerciante en la colonia Doctores, expresó su desconfianza: “¿Que si el gobierno está vinculado? Pues claro, no hay otra manera de explicar cómo operan los narcos a sus anchas. No se mueven sin permiso de alguien arriba”. Su respuesta refleja el sentir de una parte significativa de la población que considera que la corrupción es estructural y que los casos como el de Bermúdez solo confirman lo que se sospecha desde hace años.

En contraste, Mario Patiño, estudiante de ingeniería de 22 años en Guadalajara, dijo: “No creo que todos estén metidos, pero sí hay algunos que protegen a los narcos. El problema es que nunca pasa nada, nadie termina en la cárcel”. Su testimonio coincide con la percepción de que las instituciones están capturadas por intereses ilegales, aunque todavía hay quienes mantienen cierta esperanza en el sistema de justicia.

En Villahermosa, Tabasco, epicentro de la polémica, las respuestas fueron particularmente duras. José Manuel Sánchez, chofer de transporte público, comentó: “Aquí todos sabíamos de Bermúdez, la gente lo decía en la calle. Y aún así lo dejaron. Si eso no es complicidad, entonces no sé qué es”. Este tipo de declaraciones muestran que el vínculo entre autoridades y grupos delictivos no se percibe solo como un rumor, sino como una realidad cotidiana.

Preocupación social en cifras

De acuerdo con los resultados preliminares del sondeo, el 68% de los encuestados considera que existe algún grado de relación entre autoridades y organizaciones criminales. El 21% cree que el gobierno está infiltrado en varios niveles, mientras que solo un 9% piensa que no hay relación y que los casos conocidos son hechos aislados. El resto prefirió no opinar o dijo no tener suficiente información para emitir un juicio.

Estas cifras revelan que la confianza institucional se encuentra debilitada. Además, señalan un problema de percepción pública que podría impactar en la gobernabilidad y en la capacidad del Estado para aplicar políticas de seguridad efectivas. Expertos consultados advierten que cuando la población cree que sus autoridades están coludidas con el crimen organizado, se erosiona la legitimidad del aparato estatal.

Un contexto que agrava el malestar

El caso Bermúdez no surge en el vacío. En los últimos años se han documentado otras situaciones similares, donde exfuncionarios de seguridad son vinculados a grupos criminales tras años de operar con aparente impunidad. Para muchos ciudadanos, esto es prueba de que existen redes de protección política que han permitido el crecimiento de cárteles y bandas locales, lo que genera una espiral de violencia difícil de contener.

En estados como Sinaloa y Michoacán, entrevistados afirmaron que la línea entre autoridad y criminal es cada vez más difusa. “Aquí hay retenes que no sabes si son de la policía o de los narcos”, relató un agricultor que pidió el anonimato por temor a represalias. Este tipo de testimonios, recogidos en diferentes regiones, muestran que la percepción no se limita a un solo estado, sino que es un fenómeno nacional.

Retos para las instituciones

Los resultados del sondeo subrayan la urgencia de reconstruir la confianza en las instituciones de seguridad y justicia. Especialistas señalan que se requieren acciones concretas, como investigaciones exhaustivas, juicios transparentes y castigos ejemplares para los responsables de colusión con el crimen organizado. Sin estas medidas, la percepción de impunidad seguirá creciendo.

Mientras tanto, la población sigue observando con escepticismo cada declaración oficial. Casos como el de Bermúdez, lejos de ser vistos como hechos aislados, alimentan la narrativa de que existe una simbiosis entre ciertos sectores del gobierno y el crimen organizado. La tarea para revertir esta percepción no será sencilla, pero es indispensable si se busca fortalecer el Estado de derecho.

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