Rocha Moya bajo vigilancia
Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, cuenta con vigilancia tras una evaluación de riesgo, en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra él y otros exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta dijo que Rocha Moya se encuentra en Sinaloa, en su casa, y señaló que existe un esquema de seguridad derivado de una evaluación. Sin embargo, el dato generó confusión porque posteriormente se reportó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, precisó que la vigilancia estaría a cargo de corporaciones estatales y no de fuerzas federales.
Fichas rojas de Interpol
Sheinbaum también confirmó que Rocha Moya y otros exfuncionarios señalados por Estados Unidos cuentan con alertas internacionales de Interpol. La mandataria explicó que esas fichas rojas permitirían detenerlos si salen de México y son ubicados en países que colaboran con la organización internacional.
La presidenta subrayó que esas alertas fueron solicitadas desde Estados Unidos. Es decir, forman parte del expediente abierto por autoridades estadounidenses, no de una orden de captura mexicana emitida directamente por el gobierno federal.
El contexto: acusaciones desde Estados Unidos
El caso Rocha escaló después de que autoridades estadounidenses acusaran al gobernador con licencia y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntamente colaborar con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha negado los señalamientos.
La acusación estadounidense sostiene que políticos y funcionarios sinaloenses habrían protegido operaciones criminales y recibido apoyo político o económico. El caso ya provocó entregas de exfuncionarios sinaloenses a la justicia de Estados Unidos y bloqueos preventivos de cuentas en el sistema financiero mexicano.
La contradicción sobre la seguridad
El punto más llamativo fue la diferencia entre versiones oficiales sobre la vigilancia. Primero, Sheinbaum habló de un esquema ligado a la Guardia Nacional tras una evaluación de riesgo; después, García Harfuch habría aclarado que la protección correspondía a corporaciones estatales.
Esa diferencia importa porque Rocha Moya está en el centro de una crisis política y judicial. Si cuenta con protección federal, el gobierno queda expuesto a críticas por cuidar a un político señalado por Estados Unidos; si la vigilancia es estatal, el caso se mantiene más limitado al ámbito local.
Protección no significa absolución
La vigilancia no equivale a una defensa jurídica ni a una declaración de inocencia. En México, una persona puede recibir protección si existe una evaluación de riesgo, incluso si enfrenta señalamientos o procesos. El problema, en este caso, es político: Rocha no es un ciudadano cualquiera, sino un gobernador con licencia acusado en un expediente internacional.
Por eso, cada movimiento alrededor de su seguridad, sus cuentas, su fuero local y su posible salida del país se interpreta como parte de una crisis mayor.
Un gobernador cercado
Rocha Moya no solo enfrenta acusaciones en Estados Unidos. También ha visto cómo exfuncionarios cercanos se entregan a autoridades estadounidenses, cómo se bloquean cuentas vinculadas al caso y cómo su nombre aparece en alertas internacionales.
Aunque permanece en México, la ficha roja de Interpol complica cualquier salida del país. Si cruza una frontera y es ubicado en un país colaborador, podría ser detenido a partir de la alerta internacional.
Sheinbaum intenta marcar distancia
La presidenta ha insistido en que México no protegerá a nadie si existen pruebas, pero también ha pedido que Estados Unidos entregue información formal y sustentada. Esa postura busca equilibrar dos mensajes: defender soberanía frente a Washington y, al mismo tiempo, evitar que Morena cargue con una acusación de encubrimiento.
El caso Rocha sigue siendo una prueba para esa narrativa. Cada nuevo dato —vigilancia, ficha roja, cuentas congeladas o entrega de exfuncionarios— vuelve más difícil presentar el expediente como una simple disputa política.
Una vigilancia con costo político
La confirmación de vigilancia a Rocha Moya abre un flanco incómodo para el gobierno federal. Aunque pueda justificarse por riesgo, el mensaje público es delicado: un gobernador con licencia, señalado por Estados Unidos y con ficha roja de Interpol, permanece en su casa bajo protección.
La pregunta de fondo no es solo quién lo cuida, sino qué hará México con un caso que ya dejó de ser local y se convirtió en una crisis bilateral.
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