Presidenta pide intervención de la CNDH
Claudia Sheinbaum exigió una investigación profunda sobre las denuncias de tortura y abusos policiales cometidos contra jóvenes detenidos durante la protesta por agua limpia realizada el 11 de octubre en Guadalajara.
La presidenta pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esclarecer quién ordenó las acciones y señaló que, si existen elementos suficientes, también debería intervenir la Fiscalía General de la República.
Sheinbaum calificó como inadmisibles los testimonios de personas que denunciaron golpes, amenazas y otras agresiones después de ser detenidas.
Manifestantes denuncian tortura
Varias personas liberadas después de la protesta presentaron lesiones y relataron agresiones físicas y psicológicas mientras estuvieron bajo custodia.
Algunos de los testimonios señalan que parte de los abusos ocurrió dentro o en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde terminó la manifestación y se produjeron los principales enfrentamientos con la policía.
Las denuncias todavía deben investigarse individualmente para establecer qué ocurrió, identificar a los agentes responsables y determinar si las conductas constituyen tortura u otros delitos.
Lemus reconoce uso excesivo de la fuerza
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, modificó su postura inicial después de revisar videos del operativo y reconoció que hubo “graves errores”, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas.
También admitió que la policía no debió utilizar chorros de agua ni gases contra los manifestantes y prometió sancionar a los responsables.
Lemus había defendido inicialmente parte de la respuesta policial bajo el argumento de que grupos violentos se infiltraron en la movilización.
Los 39 detenidos ya fueron liberados
Las 39 personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad después de liberaciones progresivas realizadas entre el domingo y el martes.
Lemus confirmó la salida de los últimos detenidos y reconoció que algunas capturas fueron injustificadas.
La liberación no cierra las investigaciones sobre posibles delitos cometidos durante la movilización ni sobre las actuaciones de los propios agentes.
ONU también pide investigación
La controversia alcanzó organismos internacionales.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de reunión pidió una investigación rápida e independiente sobre las denuncias de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y posibles violaciones de derechos humanos.
Por ahora, existe algo que ya dejó de estar únicamente en el terreno de las denuncias: el propio gobernador reconoció excesos y arrestos injustificados. Lo que falta determinar es quién dio las órdenes, qué agentes participaron y si las agresiones denunciadas constituyen tortura.
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