Introducción
En una declaración que marca el inicio de su agenda de reformas estructurales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará una nueva reforma electoral. El anuncio se dio tras la controversia generada por la elección judicial del 1 de junio, donde se detectaron anomalías en casillas y conteo de votos. La mandataria acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de exceder sus funciones y actuar con sesgo político, y propuso modificaciones que afectarán al organismo, a los partidos políticos y al sistema de representación proporcional.
Controversia electoral como catalizador
La elección judicial federal, en la que se renovaron 15 magistraturas, desató una crisis de confianza cuando el INE denunció irregularidades graves: urnas con más votos que votantes registrados, casillas con participación superior al 100 %, boletas sin doblar y evidencia de presuntas ayudas a votantes. Aunque el INE anuló más de 800 casillas y validó el resultado, varios consejeros cuestionaron públicamente el proceso, lo que motivó a Sheinbaum a plantear una reforma para redefinir el papel del instituto.
Sheinbaum señaló que algunos consejeros del INE “actúan por consigna” y acusó al órgano de invadir competencias que pertenecen al Tribunal Electoral. Según la presidenta, estas acciones representan un intento de sabotear la voluntad ciudadana.
Los ejes de la reforma electoral
La propuesta, aún no presentada formalmente al Congreso, contempla tres cambios fundamentales:
- Recorte presupuestal al INE y a partidos políticos. Se plantea reducir significativamente los recursos destinados a los órganos electorales, que en 2024 ascendieron a más de 8 000 millones de pesos.
- Eliminación o modificación del sistema plurinominal. La iniciativa buscaría reducir o desaparecer las diputaciones y senadurías asignadas por representación proporcional, que el oficialismo considera un “exceso de burocracia política”.
- Transformación institucional del INE. En el entorno político ya se discute la posibilidad de sustituir al INE por un nuevo organismo: el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), con menos consejeros y mayor control presupuestal y técnico. También se limitarían sus funciones en procesos de impugnación y fiscalización.
Reacciones políticas y sociales
La oposición ha reaccionado con severas críticas. Dirigentes del PAN, PRI y PRD han acusado a Sheinbaum de buscar debilitar a los contrapesos democráticos y de seguir la línea de reformas promovidas por el expresidente López Obrador. Desde la sociedad civil, organizaciones como Causa en Común y el Frente Cívico Nacional advirtieron que el debilitamiento del INE podría poner en riesgo la autonomía electoral.
Por su parte, Morena y sus aliados en el Congreso celebraron la iniciativa. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, afirmó que la reforma “recoge un clamor ciudadano de austeridad y eficiencia”. Se prevé que la discusión legislativa inicie en septiembre, durante el primer periodo ordinario del nuevo Congreso, donde Morena y aliados cuentan con mayoría calificada.
Implicaciones y escenarios
Aunque Sheinbaum afirma que su reforma busca “respetar la voluntad del pueblo” y reducir gastos superfluos, expertos constitucionalistas advierten que centralizar el control electoral podría erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. A nivel internacional, organizaciones como Human Rights Watch y la OEA han llamado a México a garantizar que cualquier reforma electoral se lleve a cabo con amplia participación social y sin poner en riesgo la imparcialidad del árbitro electoral.
La batalla por el sistema electoral apenas comienza y promete ser una de las discusiones más intensas del sexenio.
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