La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al paso de las observaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA respecto a la primera elección judicial del 1 de junio de 2025. Su postura es clara: las recomendaciones del organismo exceden sus atribuciones y representan una intromisión en la soberanía mexicana.

Rechazo categórico a la injerencia

En Morelos, la mandataria reconoció que la OEA puede calificar el proceso electoral (por ejemplo, pacífico y sin incidentes), pero no puede “opinar sobre el sistema que decidieron los mexicanos” para elegir a jueces y ministros. Afirmó que el organismo “rebasó su mandato” y recordó que el Artículo 3(e) de la Carta de la OEA protege la soberanía nacional.

Adicionalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, manifestando su “firme rechazo” a las recomendaciones relacionadas con procesos de selección de jueces. Subrayó que estos juicios de valor no están dentro de las facultades de observación electoral.

Defensa de la elección como ejercicio democrático

Sheinbaum defendió fuertemente la legitimidad del ejercicio, describiéndolo como un hito cívico y democrático. En su intervención, pidió respetar la decisión ciudadana y se pronunció por una justicia imparcial y “para todos”, sin ataduras políticas.

En redes sociales y conferencias, insistió en la libertad de expresión y participación electoral, criticando a aquellos que promovieron el abstencionismo o calificaron el proceso de autoritario. Reafirmó que “México es un país libre” y que quienes llaman a no votar están contradiciendo el espíritu democrático.

Reacciones del bloque opositor

La oposición respondió con severidad: califican la postura de Sheinbaum como autoritaria y antidemocrática. Denuncian una violación a los principios de fiscalización internacional, temen un debilitamiento de contrapesos del Estado y advierten que el proceso judicial está siendo cooptado por el Ejecutivo.

Expertos destacan que la baja participación ciudadana —apenas entre 12.6 % y 13.3 %— cuestiona la legitimidad del modelo elegido y aumenta la percepción de una “justicia plebiscitaria” alineada a Morena. Además, la difusión de “acordeones” y guías electorales impresa y digitalmente orientadas para votar por ciertos candidatos ha sido vista como una forma de coerción indirecta.

Riesgos para la institucionalidad

Diversos analistas y organizaciones internacionales alertan sobre el peligro de concentrar poder en el Ejecutivo y un debilitamiento de los controles democráticos. El resultado podría ser una justicia consolidada bajo una lógica electoral, pero sujeta a presiones políticas y falta de independencia.

Conclusiones

• Sheinbaum reafirma su apuesta: la elección judicial es un ejercicio legítimo de soberanía democrática.
• Tanto ella como la SRE defienden que la OEA excedió sus facultades al emitir juicios sobre el sistema.
• La oposición y expertos alertan sobre la politización del Poder Judicial y cuestionan la legitimidad del proceso.
• Se impone un reto de gobernabilidad: consolidar la confianza ciudadana y garantizar la autonomía judicial tras un proceso tan controvertido.

El pulso entre defensa de la soberanía y reclamos de independencia judicial pone en evidencia los tensos equilibrios del régimen democrático en México.

Las decisiones clave y los temas que mueven a México, explicados con claridad. Ale Díaz de la Vega te espera en vivo a las 10 am en El Daily Diario. Haz clic y entérate de lo que realmente está pasando.