Acusaciones y contexto
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta graves acusaciones por presunto desfalco al erario público durante su administración (2015-2021). La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Estas imputaciones están relacionadas con la construcción de siete cuarteles de policía en diversos municipios del estado, que habrían ocasionado un daño patrimonial de aproximadamente 3,412 millones de pesos.
Las investigaciones apuntan a que los contratos para la edificación de estos cuarteles fueron adjudicados de manera directa a la empresa Inmobiliaria DYF, sin licitación pública y con múltiples irregularidades. Se detectaron pagos por arrendamientos y compras de inmuebles que la empresa no poseía legalmente en el momento de las contrataciones. Además, algunos terrenos eran propiedad pública, pero se pagó por su adquisición. La Auditoría Superior de la Federación también encontró que varios de estos predios no estaban registrados como patrimonio estatal.
Audiencia programada y medidas cautelares
La jueza de control Patricia Sánchez Nava ha citado a Silvano Aureoles a una audiencia inicial el próximo 20 de agosto de 2025, a las 10:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Durante esta audiencia, se le imputarán formalmente los delitos mencionados. Aureoles promovió un amparo contra la orden de aprehensión en su contra y obtuvo una suspensión provisional, condicionada a su comparecencia ante las autoridades judiciales. La garantía impuesta fue de 52 mil pesos.
La FGR ha solicitado la revocación de esta suspensión provisional, argumentando que el exgobernador no ha comparecido ante la jueza de control. Sin embargo, la jueza Jovita Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, ha mantenido la medida cautelar vigente, en espera de la audiencia programada.
Implicaciones políticas y legales
El caso de Silvano Aureoles ha generado un amplio debate político y mediático en México. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la suspensión provisional otorgada al exgobernador, calificándola como un ejemplo de corrupción. Además, la FGR ha emitido una ficha roja de Interpol para su localización y detención internacional.
Cuatro exfuncionarios de la administración de Aureoles ya han sido vinculados a proceso por su presunta participación en estos hechos. Entre ellos se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos enfrentan medidas cautelares de prisión preventiva justificada.
Conclusión
La comparecencia de Silvano Aureoles ante las autoridades judiciales representa un paso significativo en el combate a la corrupción en México. El caso pone de relieve las prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
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