Una evaluación cuestionada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado el 1 de julio de 2025 rechazando categóricamente el reciente Índice Global de la Tortura, que coloca a México en un “alto riesgo” de prácticas tortuosas e impunidad. Según el organismo, este índice carece de objetividad, emplea una metodología parcial y omite datos oficiales cruciales como denuncias formalmente registradas y procesos judiciales que demuestran avances en la protección de los derechos humanos.
La CNDH argumenta que el informe se sostiene en percepciones y fuentes no verificadas, y que no refleja la realidad institucional ni los mecanismos nacionales de investigación y sanción que operan en México. Contra lo que se ha dicho, la Comisión afirma que no existe un patrón generalizado de tortura, sino casos puntuales que han sido atendidos conforme a la ley.
Fundamentos de su rechazo
El posicionamiento del organismo se basa en tres ejes principales:
- La exclusión de estadísticas oficiales en el cálculo del índice, como las que reporta la Fiscalía General de la República y las comisiones estatales.
- La ausencia de un marco comparativo justo entre los países evaluados, al usar estándares europeos o norteamericanos que no necesariamente aplican a la realidad latinoamericana.
- La falta de diálogo previo con autoridades nacionales, que impide ajustar datos in situ o contextualizar los hallazgos.
La CNDH propone como alternativa fortalecer la colaboración entre organismos internacionales y nacionales, y remontarse a un diagnóstico basado en cifras oficiales, seguimiento a procesos penales, condenas judiciales y acompañamiento a las víctimas.
Puntos de tensión en el debate
Este rechazo se inscribe en un contexto más amplio de críticas internacionales hacia México por la prevalencia de abuso de poder, desapariciones forzadas y acciones arbitrarias cometidas por fuerzas de seguridad, particularmente la Guardia Nacional. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos en varios estados, reiterando la recomendación de aplicar medidas preventivas y sanciones ejemplares.
Para los defensores de derechos humanos, los argumentos de la CNDH parecen una estrategia defensiva que no reconoce las fallas sistémicas de investigación y proceso judicial. En tanto, desde el organismo se sostiene que admitir un problema generalizado sin respaldo factual perjudica la imagen del país y resta legitimidad a las acciones ya emprendidas.
Consecuencias institucionales y sociales
Este enfrentamiento entre actores nacionales e instancias internacionales genera varios efectos:
- Credibilidad institucional: Cualquier percepción de encubrimiento o falta de transparencia podría erosionar tanto la confianza interna como la cooperación externa.
- Políticas públicas: Si se desestima la magnitud de las denuncias, podrían disminuir los recursos para capacitación, supervisión y control de las fuerzas de seguridad.
- Protección a víctimas: El rechazo a la categorización del problema puede debilitar los mecanismos de protección, reparación y acceso a la justicia para los afectados.
Hacia un enfoque constructivo
Ante la controversia, la CNDH ha convocado a expertos internacionales a participar en una revisión conjunta del informe con miras a su corrección o actualización. Además, propone un foro nacional de análisis que incluya a víctimas, defensores de derechos, autoridades estatales y federales, así como a representantes de la sociedad civil.
El sistema de derechos humanos demanda simultáneamente rigor metodológico y apertura al diálogo, así como voluntad política para enfrentar las sombras institucionales sin caer en la negación simplista de problemáticas graves.
Conclusión
El choque entre la CNDH y el Índice Global de la Tortura subraya una tensión persistente: la necesidad de evidencias claras y medios internacionales, frente a la urgencia de fortalecer institucionalidad y confianza. El verdadero avance estará en encontrar un punto medio donde se reconozca el problema sin deslegitimar los esfuerzos reales, y se impulse una ruta de mejora basada en datos, transparencia y justicia para las víctimas.
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