Contexto general
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no ejercer su facultad de atracción en los amparos interpuestos contra la reanudación de las corridas de toros en la Ciudad de México. Con esta resolución, el máximo tribunal del país deja en manos de los tribunales locales la responsabilidad de resolver el fondo del asunto, en lo que representa un nuevo capítulo dentro de la larga disputa legal entre defensores de los derechos animales y promotores de la tauromaquia.
La determinación de la Corte ocurre tras un intenso debate en el Pleno, en el que seis ministros votaron en contra de atraer el caso, lo que impidió alcanzar la mayoría necesaria para su análisis. Con esta votación, la SCJN evita pronunciarse directamente sobre la constitucionalidad de las corridas de toros, un tema que ha dividido a la opinión pública y al ámbito jurídico durante años.
Antecedentes del caso
El conflicto legal se remonta a 2022, cuando una jueza de la Ciudad de México ordenó la suspensión provisional de las corridas de toros en la Plaza México, tras aceptar un amparo promovido por la organización Justicia Justa. El recurso argumentaba que las corridas vulneraban el derecho a un medio ambiente sano y contravenían la protección a los animales reconocida por la Constitución de la capital.
En diciembre de 2023, un tribunal colegiado levantó la suspensión, lo que permitió reanudar los eventos taurinos en la plaza más grande del mundo. Sin embargo, diversas organizaciones civiles interpusieron nuevos amparos buscando que la Suprema Corte atrajera el caso para sentar un precedente nacional sobre la legalidad de la tauromaquia. La decisión de la Corte de no intervenir implica que los juicios seguirán su curso en instancias inferiores, sin un criterio unificado a nivel federal.
Argumentos dentro del Pleno
Durante la discusión, algunos ministros consideraron que el tema merecía un pronunciamiento del máximo tribunal por su relevancia constitucional y social, al involucrar valores contrapuestos como el derecho a la cultura, la libertad de trabajo y el bienestar animal.
La ministra Lenia Batres Guadarrama fue una de las voces más firmes a favor de atraer el caso, al considerar que las corridas de toros son una práctica que debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y ética contemporánea. Sostuvo que la Corte tiene la obligación de establecer un criterio que dé certeza jurídica en torno a las manifestaciones culturales que implican sufrimiento animal.
En contraste, la mayoría de los ministros estimó que no era procedente ejercer la atracción, argumentando que los tribunales colegiados cuentan con la competencia necesaria para resolver el caso y que, de existir criterios contradictorios en el futuro, entonces la Corte podría intervenir.
Consecuencias inmediatas
Con la decisión de la SCJN, los amparos seguirán resolviéndose en los tribunales colegiados de circuito, lo que significa que no existirá, por ahora, un criterio jurisprudencial uniforme sobre el tema. Esto mantiene un escenario de incertidumbre jurídica: en algunas entidades federativas las corridas continúan permitidas como “manifestaciones culturales”, mientras que en otras están suspendidas o prohibidas.
En la Ciudad de México, la Plaza México podrá continuar operando mientras no se emita una sentencia definitiva que establezca lo contrario. No obstante, activistas y organizaciones animalistas ya han anunciado que seguirán litigando para lograr que la tauromaquia sea declarada inconstitucional a nivel nacional.
Reacciones y posiciones enfrentadas
La resolución generó reacciones encontradas. Grupos taurinos celebraron el fallo, interpretándolo como una victoria temporal que les permite mantener la tradición y la actividad económica que gira en torno a los espectáculos taurinos. Argumentan que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural mexicano y que su prohibición afectaría empleos, turismo y la economía de comunidades rurales dedicadas a la crianza del toro bravo.
Por el contrario, organizaciones defensoras de animales calificaron la decisión como una oportunidad perdida para avanzar en la protección de los derechos de los animales y en la modernización de la legislación mexicana. Aseguran que el sufrimiento animal no puede justificarse como cultura y que México debería seguir el ejemplo de países y regiones que ya han abolido las corridas.
Implicaciones legales y sociales
El fallo refleja la ausencia de consenso nacional sobre la tauromaquia y la dificultad de conciliar el reconocimiento de las tradiciones culturales con los estándares modernos de bienestar animal. La no intervención de la Corte también evidencia una postura prudente, evitando politizar un tema sensible y profundamente polarizado.
A nivel jurídico, la decisión mantiene la fragmentación de criterios: cada tribunal local puede resolver de forma distinta, generando una posible colisión de sentencias en el futuro. De ocurrir esto, la Corte podría verse obligada a intervenir más adelante para unificar el criterio, especialmente si las resoluciones llegan a contradecirse entre estados.
Socialmente, el debate reabre una discusión ética más amplia: ¿deben preservarse las tradiciones que implican sufrimiento animal? Los defensores de la tauromaquia argumentan que se trata de una expresión artística con raíces históricas; los opositores, que la sensibilidad social y los derechos animales exigen su abolición.
El futuro del debate
La decisión de la Corte no cierra el tema, sino que lo aplaza. Los tribunales inferiores deberán resolver los amparos con base en los marcos locales y las normas de bienestar animal vigentes. Además, se prevé que nuevas iniciativas legislativas resurjan en congresos estatales y en el Congreso de la Unión para regular o prohibir definitivamente las corridas de toros.
En paralelo, el movimiento animalista seguirá buscando reconocimiento jurídico a nivel constitucional del bienestar animal como un derecho autónomo, lo que podría dar pie a futuras reformas o interpretaciones judiciales más amplias.
Conclusión
La Suprema Corte optó por no atraer los amparos contra las corridas de toros, una decisión que mantiene el tema en la esfera local y posterga un pronunciamiento de alcance nacional. La resolución refleja una estrategia de contención institucional: evitar dividir aún más a la sociedad en un asunto cultural, económico y moralmente complejo.
Aunque para los defensores de los animales esta decisión significa un retroceso, la batalla legal y ética en torno a la tauromaquia sigue abierta. El debate no solo gira en torno a la tradición y la cultura, sino al lugar que ocupa el respeto por la vida animal en la legislación y la conciencia colectiva del México contemporáneo.
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