Seis muertes en 90 días
El PAN en la Ciudad de México presentó una denuncia penal para que la Fiscalía capitalina investigue la muerte de seis mujeres privadas de la libertad en el penal femenil de Santa Martha Acatitla durante los últimos 90 días. La diputada Olivia Garza pidió revisar posibles negligencias, omisiones y responsabilidades de funcionarios del sistema penitenciario.
La denuncia exige esclarecer las condiciones en las que murieron las internas y determinar si existieron fallas en atención médica, seguridad, custodia o protocolos internos. De acuerdo con los reportes, el PAN sostuvo que seis muertes en tres meses no pueden tratarse como hechos aislados.
Señalamientos contra autoridades penitenciarias
El penal de Santa Martha Acatitla ha sido señalado previamente por denuncias de violencia, extorsión, malos tratos y presuntas irregularidades dentro del centro femenil. Familiares, exinternas y organizaciones han advertido desde hace años problemas estructurales en el sistema penitenciario capitalino.
La denuncia panista busca que la Fiscalía investigue no sólo las muertes, sino también posibles actos de violencia institucional. El punto central es si las mujeres fallecieron bajo circunstancias inevitables o si el Estado falló en su deber de protegerlas mientras estaban bajo custodia.
Bajo custodia del Estado
Cuando una persona está privada de la libertad, su seguridad y atención médica dependen directamente del Estado. Por eso, cada muerte en prisión debe investigarse con especial cuidado. En el caso de Santa Martha, la acumulación de seis fallecimientos en 90 días aumenta la gravedad del reclamo.
El gobierno capitalino deberá responder si hubo atención oportuna, si existían antecedentes de riesgo, si las internas pidieron ayuda y si el personal penitenciario actuó conforme a protocolo.
Crisis penitenciaria pendiente
Santa Martha Acatitla no es sólo un caso local. La denuncia vuelve a mostrar la precariedad de los centros penitenciarios femeniles, donde se cruzan pobreza, violencia de género, abandono familiar, falta de atención médica y escasa supervisión institucional.
La Fiscalía tendrá que determinar si hay responsabilidades penales. Pero más allá del proceso judicial, el caso exige revisar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y las obligaciones del Estado dentro de sus propios penales.
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