Introducción
La Cámara de Diputados de México ha dado un giro decisivo al dictamen de reforma a la Ley de Amparo al eliminar, en comisión, el artículo transitorio que otorgaba carácter retroactivo a la norma aprobada por el Senado. Con esta modificación, la iniciativa busca retomar la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum y evitar conflictos constitucionales derivados de aplicar la reforma a juicios ya en trámite.
Este cambio representa un momento crítico en el proceso legislativo, pues la cláusula de retroactividad había generado fuertes críticas de juristas, legisladores y voces dentro del mismo oficialismo, al considerarse una posible violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 14 constitucional.
Antecedentes del conflicto
La reforma a la Ley de Amparo fue presentada por el Ejecutivo con la intención de ajustar los procesos de amparo, clarificar conceptos como el interés legítimo y optimizar los mecanismos de suspensión. Tras su trámite en el Senado, se aprobó con modificaciones, entre ellas un artículo transitorio que permitiría que casos en curso se rigieran por las nuevas disposiciones, es decir, con efecto retroactivo.
Esa cláusula no estaba en la versión original enviada por el Ejecutivo y fue introducida de último momento por un grupo de senadores, lo que desató críticas internas dentro de Morena y en instituciones jurídicas. Algunos acusan que fue una maniobra legislativa irregular, en la que incluso se habla de “duendes legislativos” que modifican documentos sin transparencia.
Ante la polémica, la presidenta Sheinbaum y su equipo jurídico advirtieron que la retroactividad podría ser declarada inconstitucional y que debía corregirse la redacción para evitar inseguridad jurídica. Incluso el exministro Arturo Zaldívar, en su papel de asesor, señaló que aunque la reforma abordaba materia procesal, la redacción ambigua podría dar lugar a interpretaciones contrarias al mandato constitucional.
Desarrollo del cambio en la Cámara de Diputados
Dictamen de comisiones unidas
En la Comisión de Justicia y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó un dictamen que suprime la cláusula de retroactividad. Según el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, “se restituye prácticamente la propuesta inicial de la presidenta”, y se elimina lo que calificó como una “ocurrencia” del Senado.
Aún con la supresión de la retroactividad, el dictamen posibilita que otros aspectos polémicos de la reforma sigan siendo discutidos: audiencias públicas, análisis de expertos y opiniones ciudadanas serán consideradas antes de pasar al pleno.
Plazos y votaciones
Las comisiones tienen prevista la discusión del dictamen el lunes 13 de octubre por la tarde, con el objetivo de llevarlo al pleno durante la semana. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, anticipó que el dictamen se presentará en dos sesiones en San Lázaro: una para publicarlo y otra para debatirlo y votarlo.
Audiencias públicas y participación ciudadana
Como parte del proceso para legitimar los cambios, los diputados aceptaron realizar audiencias públicas los días 10, 11 y 13 de octubre, con participación de académicos, organizaciones civiles, especialistas en derecho y representantes sociales. Esta apertura responde, en parte, a las críticas por falta de transparencia y a la presión de grupos interesados en garantizar un debate más amplio.
Implicaciones jurídicas y políticas
Seguridad jurídica y constitucionalidad
Eliminar la retroactividad fortalece la defensa del principio de legalidad, al asegurar que los procesos iniciados continuarán bajo las reglas que les eran aplicables al momento de su inicio. Esto refuerza la certeza jurídica para personas que ya tienen juicios de amparo en curso.
Divisiones internas en Morena
El episodio legislativo evidenció tensiones dentro del bloque oficialista. Algunos senadores que apoyaron la inclusión del transitorio enfrentaron críticas por parte del Ejecutivo y otros legisladores de Morena. El llamado “duende legislativo”, atribuido al senador Manuel Huerta, fue objeto de señalamientos internos por introducir la cláusula controversial sin consenso previo.
Presión social y de organismos jurídicos
Organizaciones como COPARMEX, expertos en derechos constitucionales y colectivos defensores del derecho han señalado que aplicar retroactividad violenta garantías fundamentales. En ese contexto, la reforma ha sido vigilada estrechamente por la sociedad civil, que exige claridad y respeto a las decisiones judiciales ya tomadas.
Papel del Poder Judicial y del asesoramiento legal
Arturo Zaldívar y otros juristas han participado en el debate, enfatizando que ciertas cláusulas ambivalentes pueden dar pie a disputas constitucionales. Mientras el gobierno ha buscado distanciarse de textos inapropiados, el nuevo dictamen será evaluado con atención por la Suprema Corte para determinar su concordancia con la Constitución.
Riesgos y retos pendientes
- Que otros cambios polémicos sobrevivan
Aunque se quita la retroactividad, otras disposiciones sobre garantías, suspensión, formas de garantía o la figura de “imposibilidad jurídica o material” pueden seguir generando controversia si no quedan claros límites. - Que la redacción quede abierta a interpretaciones
Una supresión formal de la retroactividad no garantiza que el texto final no contenga ambigüedades. Si la redacción no es precisa, los jueces podrían interpretarla de maneras que afecten casos en curso. - Resistencia política en el Senado y bloques opositores
El Senado podría insistir en que se reincorpore el transitorio o promover reservas en el pleno para reinstalar la retroactividad. Por su parte, partidos de oposición podrían alegar que el cambio debilita el propósito recaudatorio original del bloque oficial. - Cuestiones de legitimidad y demanda social
La presión de especialistas y la ciudadanía exige que la discusión no quede solo entre legisladores. Organismos de vigilancia, universidades y asociaciones deberán vigilar que el dictamen final responda más al derecho que a intereses partidistas.
Próximos pasos
- Resolución en comisiones: analizar, debatir y votar el dictamen en las comisiones de Justicia y Hacienda el lunes 13 de octubre.
- Debate en el pleno: presentar la reforma sin retroactividad y discutir el texto final ante los diputados en sesiones posteriores.
- Seguimiento de reservas y modificaciones: opositores y senadores podrían intentar introducir nuevas reservas al pasar al pleno.
- Evaluación judicial futura: de aprobarse, la Corte podría vigilar la constitucionalidad de cada apartado del texto definitivo.
- Participación ciudadana activa: académicos, organizaciones sociales y profesionales del derecho continuarán impulsando una construcción legal con mayor transparencia y apego a derechos.
Conclusión
La decisión de los diputados de eliminar la retroactividad en la reforma de la Ley de Amparo marca un punto de inflexión en el proceso legislativo. Más allá de la corrección jurídica, es una prueba política donde la defensa de garantías fundamentales y la separación del poder se ponen en entredicho. En adelante, la calidad del dictamen final dependerá de la redacción, la claridad jurisprudencial y la vigilancia ciudadana.
Descubre las historias que están marcando el rumbo del país. Cada mañana, Ale Díaz de la Vega te guía en El Daily Diario con un análisis profundo y claro de la agenda nacional. Haz clic aquí y mantente informado con lo que realmente importa.
