La Fiscalía General de la República (FGR) ha imputado al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y a cuatro de sus excolaboradores por un presunto daño patrimonial al estado mexicano y a Michoacán, que supera los 3,400 millones de pesos. Estas acusaciones están relacionadas con operaciones irregulares en la construcción de cuarteles policiacos durante su administración, entre 2015 y 2021.
Detalles de las acusaciones
Según la FGR, durante el periodo mencionado, se llevaron a cabo contratos irregulares con la empresa “Inmobiliaria DIP” para el arrendamiento, mantenimiento y adquisición de terrenos destinados a la construcción de siete cuarteles de la policía estatal en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Inicialmente, estos terrenos fueron rentados; posteriormente, se les pagó por mantenimiento y servicios, y finalmente, se adquirieron a precios inflados, lo que generó el daño patrimonial señalado.
Funcionarios implicados y sus detenciones
Los exfuncionarios detenidos son:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, arrestado en un aeropuerto en Estados Unidos y extraditado a México.
- Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, detenido en Morelia.
- Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de Seguridad en el Estado, también arrestada en Morelia.
- Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en circunstancias similares.
Todos ellos enfrentan cargos por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Situación de Silvano Aureoles
El exgobernador Silvano Aureoles se encuentra prófugo, y las autoridades han emitido una orden de arresto en su contra. Durante su mandato, Aureoles enfrentó crecientes desafíos relacionados con el crimen organizado en Michoacán y advirtió sobre el riesgo de que México se convirtiera en un narcoestado.
Implicaciones políticas y sociales
Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político de Michoacán y del país. Las acusaciones contra Aureoles y sus colaboradores resaltan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Además, ponen de manifiesto las debilidades en los mecanismos de control y supervisión de los recursos públicos, especialmente en áreas sensibles como la seguridad pública.
Reacciones de las autoridades actuales
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado que durante la administración de Aureoles podrían haberse desviado más de 5,000 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiacos. Estas declaraciones refuerzan las acusaciones de la FGR y subrayan la gravedad de las irregularidades detectadas.
Proceso legal en curso
Los exfuncionarios detenidos han sido presentados ante una jueza de control del Reclusorio Oriente, donde la FGR detalló las acusaciones en su contra. La defensa solicitó tiempo para revisar el expediente, por lo que la jueza otorgó un receso para permitir la adecuada preparación de la defensa. Se espera que en las próximas audiencias se determinen las medidas cautelares y se avance en el proceso judicial
Conclusión
La imputación de Silvano Aureoles y sus excolaboradores por un presunto desfalco millonario representa un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en México. Este proceso servirá como referencia para futuras administraciones sobre la importancia de la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
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