El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó el hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Sin embargo, aclaró que aún no existen elementos suficientes para calificar el sitio como un “campo de exterminio”.

Detalles del hallazgo y actuación de las autoridades

En septiembre de 2024, la Guardia Nacional recibió una denuncia anónima que los llevó al Rancho Izaguirre. Al llegar, fueron recibidos con disparos, logrando detener a diez personas y liberar a dos que estaban secuestradas; además, se encontró a una persona fallecida por una lesión craneoencefálica.

Tras este operativo, la Fiscalía de Jalisco asumió la investigación. No obstante, según Gertz Manero, la fiscalía estatal cometió múltiples omisiones en el proceso, como no realizar un rastreo adecuado de indicios, no procesar vehículos encontrados, no inspeccionar completamente la propiedad, no identificar huellas dactilares ni proteger el lugar, lo que llevó a que el rancho quedara en estado de abandono durante seis meses.

Intervención de la Fiscalía General de la República (FGR)

Debido a estas irregularidades, la FGR ha decidido asumir la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Gertz Manero enfatizó la importancia de este caso para la vida pública del país y la necesidad de manejarlo con seriedad.

Se ha solicitado a las autoridades de Jalisco que entreguen, con carácter urgente, todos los peritajes y actuaciones realizadas hasta el momento.

Próximos pasos en la investigación

Una vez que la FGR reciba toda la documentación solicitada, se procederá a realizar las diligencias necesarias para determinar la naturaleza exacta del sitio y si funcionaba como un centro de exterminio o de reclutamiento.

Además, se investigará la actuación de los funcionarios involucrados para deslindar responsabilidades a cualquier nivel, desde el ministerio público asignado al caso hasta la cadena de mando de la fiscalía estatal.

Conclusión

El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán pone de manifiesto las deficiencias en la actuación de las autoridades locales y la necesidad de una intervención federal para garantizar una investigación exhaustiva y transparente.

La FGR se ha comprometido a esclarecer los hechos y a actuar contra cualquier funcionario que haya incurrido en irregularidades, reafirmando su compromiso con la justicia y la verdad en casos de desapariciones y posibles crímenes de lesa humanidad.

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