Recorte masivo en ejercicio de gasto
El Gobierno federal presentó su Proyecto de Presupuesto para el año 2026, en el que propone eliminar 347 programas presupuestales de los 893 actualmente vigentes. Esto representa una reducción cercana al 39 % del total de programas activos y marcaría uno de los ajustes más grandes en la estructura de gasto público de las últimas décadas.
La propuesta busca fortalecer la disciplina fiscal, evitar duplicidades, reducir la burocracia y redirigir los recursos hacia proyectos considerados prioritarios. La Secretaría de Hacienda ha calificado la medida como una estrategia para mejorar la calidad del gasto público, concentrando el presupuesto en resultados y eficiencia.
Sectores con mayores recortes
Los recortes afectan con mayor fuerza a las áreas de infraestructura, energía, salud y combate a la corrupción. En el caso de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el número de programas pasaría de 43 a solo 17, una disminución del 60 %. La Comisión Federal de Electricidad vería su cartera de programas reducida de 27 a 16, mientras que Pemex pasaría de 22 a 12.
En salud, varios programas de atención preventiva, equipamiento hospitalario y formación de personal quedarían fuera del presupuesto, aunque el gobierno asegura que los servicios esenciales seguirán garantizados bajo esquemas integrados.
Inversión pública en la mira
El impacto se extiende también a la inversión pública. De los 132 programas de inversión actuales, se propone eliminar 99, quedando solo 33 para el ejercicio de 2026. Esta reducción del 75 % en la cartera de proyectos de inversión representa una apuesta por concentrar recursos en grandes obras estratégicas y dejar de lado iniciativas regionales o de menor escala.
Analistas advierten que esta medida podría afectar el desarrollo equilibrado en los estados, especialmente en zonas rurales que dependen de programas específicos de infraestructura o conectividad.
Reacciones políticas y sociales
La oposición, particularmente el PAN, ha criticado con dureza la propuesta. Acusan al gobierno de aplicar una lógica de recorte que pone en riesgo a sectores vulnerables y debilita las bases del desarrollo. El vicecoordinador económico panista, Héctor Saúl Téllez, calificó el plan como “un retroceso técnico y social”, advirtiendo que la desaparición de programas sin alternativas claras dejará huecos críticos en la atención pública.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han exigido que se transparente el criterio de eliminación y se mantengan aquellos programas con alto impacto social, particularmente los vinculados a mujeres, salud materna, comunidades indígenas y medio ambiente.
Qué sigue en el Congreso
El documento preliminar ya fue entregado a la Cámara de Diputados y será revisado en comisiones. Legisladores podrán solicitar ajustes, reservas o reasignaciones antes de que el Presupuesto de Egresos 2026 sea aprobado formalmente, hacia finales de septiembre.
El debate parlamentario será determinante para definir el rumbo del gasto público durante la segunda mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum. La tensión estará entre la austeridad que promueve el Ejecutivo y la demanda de múltiples sectores por sostener el financiamiento de programas clave.
Conclusión
La propuesta de recorte presupuestal de 2026 refleja una intención clara de reestructurar el gasto público con criterios de eficiencia. Sin embargo, la magnitud de los recortes, especialmente en áreas sensibles como salud e infraestructura, genera preocupación por sus efectos sociales y económicos. El Congreso tendrá la responsabilidad de evaluar con rigor qué programas pueden ser eliminados sin afectar a los sectores más vulnerables y cuáles deben preservarse como pilares del desarrollo nacional.
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