Introducción
El 1 de junio de 2025, México vivió una jornada histórica al llevar a cabo la primera elección popular de jueces y magistrados en su historia. Este proceso, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador, buscó democratizar el Poder Judicial mediante el voto ciudadano. Sin embargo, la elección ha generado debates intensos sobre su legitimidad, la preparación de los candidatos y los posibles riesgos para la independencia judicial.
Un proceso sin precedentes
En total, se sometieron a votación 2,682 cargos judiciales, incluyendo 881 federales y 1,801 locales. Los ciudadanos eligieron desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más de 7,700 candidatos participaron en la contienda, en un proceso que ha sido calificado como la elección judicial más grande del mundo.
Controversias y críticas
A pesar de su carácter histórico, la elección ha sido objeto de múltiples críticas. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho han expresado su preocupación por la inclusión de candidatos con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado. Además, se ha señalado la falta de experiencia y preparación de muchos aspirantes, así como la complejidad de las boletas electorales, que dificultaron el ejercicio del voto informado.
Participación ciudadana y logística
La participación ciudadana fue menor a la esperada, con reportes de baja afluencia en las casillas. El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó desafíos logísticos significativos, incluyendo recortes presupuestarios y un calendario ajustado para la organización del proceso. A pesar de ello, logró instalar la mayoría de las casillas y permitió el uso de notas personales por parte de los votantes para facilitar la identificación de sus candidatos preferidos.
Implicaciones para el sistema judicial
La reforma que permitió esta elección ha sido comparada con modelos de países como Bolivia, donde también se eligen jueces por voto popular. Sin embargo, expertos advierten que la politización del Poder Judicial podría socavar su independencia y eficacia. La inclusión de candidatos con afiliaciones políticas explícitas, especialmente aquellos alineados con el partido gobernante, ha intensificado estas preocupaciones.
Reacciones internacionales
La comunidad internacional ha seguido de cerca este proceso. La Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó una Misión de Observación Electoral para supervisar la jornada. Aunque el informe preliminar destacó que la votación transcurrió en tranquilidad, también señaló la complejidad del proceso y la lentitud en la participación.
Conclusión
La elección judicial de 2025 marca un hito en la historia democrática de México. Si bien representa un esfuerzo por acercar la justicia al pueblo, también ha expuesto desafíos significativos en términos de preparación, transparencia y legitimidad. El país enfrenta ahora la tarea de evaluar los resultados de esta reforma y considerar ajustes que garanticen un Poder Judicial independiente, competente y verdaderamente representativo.
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