El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha reiterado que las desapariciones forzadas en México ocurren de manera sistemática y generalizada. Esta afirmación se sustenta en un panorama alarmante: más de 127,000 personas desaparecidas, más de 5,600 fosas clandestinas halladas en los últimos años y una crisis forense que mantiene alrededor de 72,000 cuerpos sin identificar en morgues y servicios periciales.
Ante esta situación, el Comité ha activado por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta medida permite escalar el caso a la Asamblea General de la ONU, debido a la falta de avances sustanciales y la negativa del gobierno mexicano a colaborar plenamente con las recomendaciones emitidas en informes previos.
Respuesta del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente el señalamiento de que en México existan desapariciones forzadas como parte de una política de Estado. En su postura oficial, afirmó que los casos documentados por el Comité están ligados principalmente al crimen organizado y no a estructuras gubernamentales.
Además, el gobierno envió una nota diplomática a Naciones Unidas calificando el informe como desinformado, sesgado y descontextualizado. Sheinbaum ha insistido en que las cifras presentadas no reflejan los avances logrados por su administración en materia de búsqueda y atención a víctimas.
Postura de la CNDH y tensiones institucionales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se sumó a la descalificación del informe, negando que exista una política estatal orientada a la desaparición forzada de personas. La CNDH incluso ha anunciado la creación de una nueva oficina regional en Jalisco con el fin de fortalecer su capacidad de atención a violaciones de derechos humanos en la zona occidente del país.
Sin embargo, estas posturas han generado fuertes críticas de organismos civiles y expertos, quienes acusan al gobierno de intentar evadir su responsabilidad y desacreditar el trabajo del Comité de la ONU. Para muchos, el rechazo oficial sólo profundiza la desconfianza entre el Estado y los colectivos de familiares de desaparecidos.
La presión sobre la Comisión Nacional de Búsqueda
En este contexto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún, ha sido objeto de una creciente presión pública. Desde su designación en octubre de 2023, ha sido señalada por colectivos de víctimas debido a su falta de experiencia en el tema. Las exigencias para su renuncia se han intensificado tras la publicación del informe de la ONU, al considerar que no ha demostrado capacidad para coordinar una respuesta efectiva ante la crisis humanitaria.
A pesar de las críticas, Reyes Sahagún ha rechazado dimitir. Ha sostenido que su gestión se ha enfocado en reorganizar los procesos de búsqueda y en establecer nuevos mecanismos de colaboración con fiscalías estatales. Sin embargo, muchas organizaciones consideran insuficientes los resultados alcanzados hasta ahora.
Conclusión
El señalamiento de la ONU representa un golpe a la credibilidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos. La falta de una respuesta contundente y el discurso defensivo por parte del gobierno parecen distanciar aún más a las instituciones del clamor social de los familiares de desaparecidos. De mantenerse esta postura, México podría enfrentar un mayor escrutinio internacional y un aislamiento progresivo en foros multilaterales dedicados a los derechos humanos.
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