La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló este lunes la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano encargado de elaborar un diagnóstico integral sobre el sistema electoral mexicano y proponer cambios sustanciales para su modernización. Encabezada por Pablo Gómez Álvarez, la comisión tiene como plazo enero de 2026 para entregar una propuesta final al Congreso, con la que se pretende replantear la estructura institucional, optimizar recursos y fortalecer la democracia en el país.

Durante el acto oficial, Sheinbaum afirmó que el objetivo principal es consolidar un sistema electoral más eficiente, transparente y representativo. La mandataria sostuvo que el mecanismo de consulta será amplio y plural, con la realización de foros en todo el territorio nacional, encuestas, debates y la apertura de plataformas digitales para la recepción de propuestas ciudadanas. Sin embargo, enfatizó que no se destinará presupuesto adicional para este proceso, ya que se buscará el apoyo logístico de gobiernos locales.

Integración y funciones de la comisión

El nuevo órgano estará conformado por figuras clave de la administración federal. Además de Pablo Gómez, presidente de la comisión, participarán Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; Arturo Zaldívar, al frente de la Coordinación General de Política y Gobierno; José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores.

Entre las principales tareas de la comisión se encuentra el análisis del papel del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs), con el propósito de evaluar la viabilidad de centralizar funciones para reducir costos. También se examinarán temas como la representación proporcional, el financiamiento a partidos, el voto electrónico, la regulación de propaganda gubernamental y los mecanismos de participación ciudadana.

Metodología y calendario

El proceso arrancará con foros y mesas de trabajo que comenzarán en octubre de 2025, acompañados de encuestas de opinión a nivel nacional. Los insumos obtenidos servirán para elaborar un documento base que será discutido internamente y, finalmente, convertido en propuesta de ley. La comisión tiene como meta presentar su informe y recomendaciones finales en enero de 2026, a fin de que la iniciativa presidencial sea enviada al Congreso en el primer periodo ordinario de sesiones de ese año.

La presidenta aseguró que la consulta no se limitará a actores políticos, sino que incluirá a académicos, especialistas en derecho electoral, organizaciones civiles y ciudadanos. No obstante, sectores críticos han advertido que la metodología podría limitar la participación a un ejercicio de escucha sin compromiso vinculante.

Controversias y cuestionamientos

Diversos analistas han señalado que uno de los puntos más polémicos de la eventual reforma será la posible desaparición de los legisladores plurinominales, medida que, aunque permitiría un ahorro presupuestal, también podría reducir la representación de minorías y afectar el pluralismo político. De igual forma, se prevé un debate intenso sobre la disminución del financiamiento público a partidos, lo que podría beneficiar a las fuerzas con mayor capacidad de recaudación privada y dejar en desventaja a las más pequeñas.

Otra fuente de debate es la concentración de funciones electorales en el INE. Si bien el gobierno sostiene que la medida reducirá costos y eliminará duplicidades, críticos advierten que podría debilitar la autonomía local y dificultar la adaptación de procesos a las particularidades de cada estado.

Contexto político

El nombramiento de Pablo Gómez, histórico dirigente de la izquierda y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es interpretado como un mensaje de continuidad con los intentos de reforma emprendidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En aquella ocasión, el Congreso no aprobó la propuesta, en gran parte por la falta de consenso con partidos de oposición. Ahora, el reto de Gómez será construir acuerdos que permitan que la nueva iniciativa avance, en un contexto político en el que Morena y sus aliados cuentan con mayoría, pero no con el respaldo unánime de todos los sectores.

Próximos pasos

En los próximos meses, la comisión deberá definir la ruta detallada de trabajo, incluyendo el calendario de foros, los criterios para la selección de sedes y ponentes, y el formato de las encuestas. El proceso se desarrollará bajo la expectativa de que las propuestas finales logren un equilibrio entre austeridad, representatividad y legitimidad democrática.

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