Fin de la protección judicial

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha perdido la suspensión definitiva que le impedía ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR). Una jueza federal resolvió dejar sin efecto la protección legal al considerar que Aureoles incumplió las condiciones impuestas por el tribunal: no se presentó ante la autoridad judicial correspondiente y no cubrió la garantía de un millón de pesos fijada como requisito. La resolución reactiva de inmediato la orden de aprehensión en su contra.

Acusaciones de corrupción

La FGR investiga a Aureoles por un presunto desfalco que supera los 3,400 millones de pesos durante su mandato como gobernador entre 2015 y 2021. El caso se centra en contratos asignados para la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil estatal, en los que se detectaron sobreprecios, empresas fantasma y procesos de adjudicación directa. Se le imputan delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

El expediente, según filtraciones de la Fiscalía, contiene más de 20 contratos irregulares, algunos de ellos firmados el último mes de su gestión, lo que ha sido interpretado como un intento de vaciar las arcas públicas antes de dejar el poder.

Implicaciones políticas

La caída legal de Aureoles tiene implicaciones que trascienden el ámbito judicial. Como figura prominente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), su caso representa otro golpe a una formación política que ha ido perdiendo fuerza electoral y credibilidad. Aureoles aspiró en su momento a la candidatura presidencial, y su retórica contra Morena y el actual gobierno fue constante. Su detención, en caso de concretarse, sería leída por algunos como una vendetta política, mientras que para otros es la confirmación de una red de corrupción que durante años operó con impunidad.

Desde su trinchera, el propio Aureoles ha acusado al gobierno federal de “fabricar expedientes” y de utilizar la FGR con fines de persecución política. Sin embargo, los elementos documentales del caso —que incluyen auditorías estatales y federales— parecen haber convencido al Poder Judicial de que hay méritos suficientes para proceder.

Justicia o vendetta

El debate público ahora se centra en si el caso de Silvano Aureoles es una muestra de que la justicia finalmente está alcanzando a los exgobernadores corruptos, o si se trata de una operación política selectiva que apunta a opositores incómodos. Lo cierto es que este caso pone sobre la mesa un tema que ha perseguido a la democracia mexicana durante décadas: ¿quién vigila a los que gobiernan los estados?

La respuesta podría estar en el seguimiento de este proceso judicial. Si Aureoles es detenido y enjuiciado con pruebas sólidas, el mensaje será contundente. Si el caso se desinfla o termina en arreglos extrajudiciales, será otro clavo en el ataúd de la confianza ciudadana en las instituciones.

Conclusión

La revocación de la suspensión definitiva contra Silvano Aureoles marca un parteaguas en su historia política y en la narrativa gubernamental sobre la lucha contra la corrupción. Lo que sigue será clave: o se le aplica el peso de la ley con imparcialidad, o se consolida la percepción de que la justicia en México solo llega cuando conviene al poder.

Las noticias que definen el rumbo de México, contadas sin filtros. Ale Díaz de la Vega te espera en vivo a las 10 am en El Daily Diario con todo lo que necesitas saber. Haz clic y mantente informado.