La universidad defiende a sus exfuncionarios y señala intromisión en su autonomía

Introducción

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha manifestado su rechazo a la sentencia que obliga al exrector Enrique Graue Wiechers y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo, a pagar 15 millones de pesos por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La institución considera que esta resolución representa una intromisión inadmisible en su autonomía.

Contexto de la sentencia

El fallo fue emitido por la jueza cuarta de lo Civil de Proceso Escrito, Flor de María Hernández Mijangos, y sostiene que Graue y Macedo actuaron ilícitamente al realizar declaraciones públicas que, según la resolución, carecían de veracidad e imparcialidad, causando un daño moral a Rodríguez Ortiz. La profesora fue señalada en el contexto del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, lo que derivó en su destitución como docente en enero de 2023.

En aquel entonces, la UNAM realizó una investigación interna para esclarecer el caso, lo que llevó a emitir juicios académicos que ahora son considerados lesivos por el fallo judicial. Esta controversia ha reavivado el debate sobre los límites entre el quehacer académico y la jurisdicción civil.

Postura de la UNAM

El Consejo Universitario de la UNAM expresó su profunda indignación por la sentencia, calificándola como desmesurada y como una clara intromisión en la autonomía universitaria. Argumentó que Graue y Macedo actuaron conforme a sus atribuciones como autoridades académicas, apegados a los principios constitucionales, a la Ley Orgánica y a la normativa interna de la institución.

Desde el punto de vista de la universidad, cualquier resolución que vulnere la capacidad de las autoridades para sancionar, investigar o pronunciarse sobre temas académicos atenta directamente contra la libertad universitaria y la integridad institucional.

Acciones legales y reacciones

Tanto Graue como Macedo han presentado un recurso de apelación que fue admitido, lo cual suspende de manera provisional la ejecución del fallo. El Consejo Universitario hizo un llamado al Poder Judicial de la Ciudad de México a emitir una resolución justa y apegada al derecho, y subrayó que la autonomía universitaria no puede estar sujeta a presiones externas.

Diversos sectores académicos han manifestado su apoyo a la UNAM, advirtiendo que permitir sentencias como esta puede sentar un precedente peligroso que limite la capacidad de las universidades para regular sus propios asuntos y establecer criterios de calidad y ética académica.

Conclusiones

El conflicto entre la UNAM y el Poder Judicial capitalino no solo pone sobre la mesa el caso específico de la profesora Rodríguez Ortiz, sino que también genera un debate mayor sobre el respeto a la autonomía universitaria en México. La resolución final del caso podría marcar un precedente clave en la relación entre las instituciones educativas y el sistema judicial.

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